Tras recibir el pasado 31 de octubre la resolución del Ministerio de Cultura «por la que se acuerda el inicio del procedimiento previo a instar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF)», la entidad reclama que se amplíe el plazo para poder presentar alegaciones.

En un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, explica que «en la citada resolución –de una extensión de treinta y siete folios– se concede a esta Fundación un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de su notificación, para formular las alegaciones que estime oportunas y aportar la documentación que considere pertinente en defensa de sus derechos e intereses».

Argumenta en este texto el presidente ejecutivo de la Fundación Franco, Juan Chicharro, «que, dada la abundantísima documentación que acompaña a la citada resolución, que resulta preciso examinar, así como la extensión y complejidad de la resolución notificada, resulta materialmente imposible preparar en tan breve término unas alegaciones completas y fundadas que garanticen el pleno ejercicio del derecho de defensa».

«Trámite equitativo»

Continúa el escrito señalando que, «además, la resolución que da inicio a este procedimiento trae causa del acuerdo adoptado formalmente por el Ministerio de Cultura hace diecisiete meses (20 de junio de 2024), por lo que se trata de un expediente de largo recorrido» en el que la cartera del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, «ha ido acopiando múltiple documentación, con un volumen considerable de antecedentes administrativos y jurídicos que requieren estudio detenido y, en consecuencia, de un trámite equitativo».

Apunta la FNFF que, por este motivo, «y a fin de poder formular alegaciones con la suficiente solvencia y rigor», se tenga en cuenta que en el procedimiento «no sólo se encuentra comprometido el derecho de defensa [artículo 24 de la Constitución Española], sino que están también en juego derechos y libertades fundamentales reconocidos» por la Carta Magna aprobada en 1978.

«Puntos determinantes»

Refiere en su escrito el también general de División de Infantería de Marina –en situación de retiro– los puntos que sin duda serán determinantes en el recorrido judicial que tendrá este proceso: la «libertad ideológica y de opinión (art. 16 y 20.1.a CE), la libertad de expresión y de comunicación (art. 20.1 CE), la libertad de cátedra (art. 20.1 .c CE), el derecho de reunión y de asociación (arts. 21 y 22 CE), y la libertad para el ejercicio de las actividades propias de las fundaciones, como manifestación concreta de dichos derechos fundamentales, cuyo respeto constituye uno de los pilares del Estado de Derecho».

Solicita la Fundación Franco en el documento rubricado por Chicharro a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones que, «teniendo por presentado este escrito dentro del plazo conferido, se sirva acordar la ampliación del inicialmente otorgado para formular alegaciones y aportar documentación, por un término adicional de diez días hábiles, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/20 15, de 1 de octubre, atendiendo a la especial complejidad del expediente y a la trascendencia constitucional de los derechos y libertades afectados» en este procedimiento.

El Gobierno inició el pasado 31 de octubre el camino para conseguir la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco, un movimiento que comenzó en junio de 2024.

Lo hace en base a la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática y tras concluir que su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general. Aunque será la Justicia quien tenga la última palabra en el desenlace del proceso.

Canales de comunicación

El ministerio defiende que la FNFF (constituida el 8 de octubre de 1976) utiliza recurrentemente sus canales de comunicación (notas de prensa, entrevistas, sitio web y redes sociales) para difundir una narrativa centrada en la figura de Francisco Franco y los símbolos del régimen, mientras las actividades supuestamente orientadas a la cultura, investigación científica o educación resultan casi inexistentes.

Asimismo, tras analizar los «aproximadamente 5.500 textos» de la web de la fundación, Cultura indica que su actividad principal es «proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo».

Además, el Gobierno aprecia «un menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe» en las comunicaciones realizadas por la FNFF.

El informe identifica tres patrones: descalificación de las víctimas y sus historias; negación y minimización de sus daños y apropiación y relectura sesgada de la historia. La entidad siempre ha negado este extremo, e incluso cambió sus estatutos para dejar claro que «no hay humillación en absoluto».