El Gobierno agita una posible repetición electoral para aplacar a Junts

El PSOE sigue abonado a la «absoluta discreción y prudencia» en los contactos con el independentismo para superar la investidura de Pedro Sánchez. A través de las terminales mediáticas y gubernamentales, los socialistas han conseguido instalar el marco en la opinión pública de que es posible un «alivio penal» para los encausados del «procés», aunque todavía no haya trascendido concreción alguna de cómo se aterrizaría esta legislación. Desde el Gobierno repiten insistentemente que se desarrollará «dentro de la Constitución», pero evitan avanzar cualquier detalle que permita comprender cómo se va a superar la complejidad técnica y jurídica que esto supone.

Lo cierto es que en Moncloa y Ferraz querían volar bajo el radar durante el mes «en blanco» que suponía el encargo de Alberto Núñez Feijóo para concitar apoyos para su investidura, pero el viaje de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont, rehabilitándole en su condición de legítimo interlocutor para revalidar la coalición ha hecho saltar por los aires la estrategia de camuflaje que habían emprendido en el PSOE. Sin que la negociación haya arrancado «formalmente», solo lo hará una vez que fracase el interno del líder del PP de llegar al Gobierno, las negociaciones que se suceden en privado están distorsionadas por el calendario independentista.

A los pronunciamientos de «máximos» de ERC y Junts para comenzar la negociación se une la retórica hiperventilada que acompaña a fechas simbólicas para el soberanismo como la Diada o el aniversario del 1-O. El fiasco de movilización del pasado 11 de septiembre empoderó al Gobierno en su posición negociadora, recordando al independentismo que cada vez cuenta con menos respaldo en las urnas –donde se dejaron 700.000 votos el 23J– y en la calle, donde la sociedad catalana «ha pasado página». Sin embargo, resulta paradigmático que, en la situación de mayor debilidad del secesionismo, los partidos que lo representan en el Congreso tengan un papel tan decisivo en la gobernabilidad de España.

No obstante, en Moncloa quieren recuperar el control de las negociaciones y recuerdan que son ellos quienes tienen el botón nuclear y pueden acabar pulsando la repetición electoral. Se resisten contra la eventualidad de que Junts les tenga «en sus manos», pese a que posean los siete votos necesarios para superar el umbral de la mayoría absoluta, y recuerdan que Puigdemont también se encuentra ante una encrucijada. «Es su última oportunidad», señalan fuentes socialistas, que inciden en su situación personal después de cinco años en Waterloo y ante el horizonte que se le presentaría con un futuro gobierno de PP y Vox. «Tiene la oportunidad de ser decisivo y volver a hacer política», insisten, sobre su capacidad de influencia actual.

Por ello, para intentar aplacar las exigencias de Junts, en Moncloa han puesto a operar en los últimos días la posibilidad de una repetición electoral. «No descartamos nada», señalan, cuando este era un escenario con el que no se trabajaba desde la misma noche del 23J, cuando la vocación era formar gobierno a cualquier precio. Los socialistas son reacios a volver a las urnas porque saben que esto supondría darles una nueva oportunidad a las derechas para sumar una mayoría suficiente, algo que no consiguieron en julio, y que los niveles de movilización que se consiguieron entonces –con la amenaza de que Vox llegara a tener influencia real en la gobernabilidad– no se reeditarían en una repetición electoral, en la que la participación es tradicionalmente más baja.

Sánchez tendría el discurso, sí. Se presentaría ante los españoles como el hombre de Estado que no ha cedido ante las pretensiones de Puigdemont de conceder una amnistía, pero los socialistas saben que este tipo de campañas suele mover poco voto. Ya ocurrió en noviembre de 2019, con un Ciudadanos en descomposición, el PSOE aspiraba a crecer por el centro con su veto a un gobierno con Pablo Iglesias –aquello de que Sánchez «no dormiría tranquilo» con ciertas carteras de Estado en manos de Podemos–, pero estas resistencias no se entendieron en el electorado progresista y el resultado fue un retroceso de 10 escaños para socialistas y morados, que acabaron pactando a las 48 horas. Pese a que Sánchez tuviera la «campaña hecha», los socialistas saben que volver a repartir cartas entraña riesgos, para Puigdemont y también para ellos.