Objetivo: jueces y Guardia Civil. Personas del entorno del PSOE y de Moncloa han impulsado una operación para tratar de erradicar el imparable avance de procedimientos penales que estrechan el cerco a 'espadas' de la formación socialista. En los últimos meses, emisarios de la formación política se han acercado a abogados y testigos clave de causas que afectan especialmente al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer un frente común contra la Policía Judicial en un momento en que sus investigaciones apuntan al corazón del partido.

En el epicentro de esta estrategia se sitúa Leire Díez Castro. La 'fontanera' del PSOE, periodista de profesión, fue teniente alcalde por el PSOE en la localidad Vega de Pas (Cantabria) y ha ejercido cargos de comunicación en Correos y Filatelia. Como desveló el diario El Confidencial y confirman fuentes de toda solvencia a LA RAZÓN, Díez habría impulsado un operativo para desacreditar a la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil, que dirige causas especialmente sensibles para el entorno de Pedro Sánchez, como la trama Koldo o la que afecta a su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

En concreto, se acercó a abogados personados en el conocido como "caso Hafesa"; un procedimiento sobre un presunto fraude de 154 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, que comenzó a juzgarse este lunes en la Audiencia Nacional. Las fuentes consultadas por este medio confirman que Díez habría tanteado, al menos, a tres despachos de abogados para actuar contra los investigadores. Con todo, otras fuentes desmienten la existencia de un complot contra la UCO y sostienen que Díez se reunió con las partes del proceso únicamente para obtener información del mismo, en su condición de periodista.

El caso Hafesa

Estas diligencias han estado rodeadas de polémica desde hace tiempo. También fue notoria la detención de un agente de la Policía Nacional que prestaba servicio en la Audiencia Nacional. Según las pesquisas, habría cobrado una cantidad mensual por pasar información a los cabecillas de esta y otras tramas corruptas. Hace un mes, la UCO expuso que las grabaciones que iniciaron la causa estaban deterioradas y algunas de ellas se habían perdido. Este material fue clave ya que sustentó la base para las posteriores entradas y registros donde se incautó documentación valiosa para la investigación.

Un informe pericial reciente, presentado por la defensa del expresidente de Hafesa, Alejandro Hamlyn, destapó las presuntas deficiencias de las escuchas. La actuación de Hamlyn (que fue una de las personas que participó por videoconferencia en el encuentro de la 'fontanera' del PSOE desvelado por El Confidencial) propició que otras defensas se unieran a sus reclamos y pidieran la imputación de más de una decena de agentes de la Guardia Civil.

En concreto, les acusaron de crear pruebas falsas en el procedimiento para perjudicar a determinadas empresas del sector de hidrocarburos. En consecuencia, también pidieron de forma reiterada la nulidad de las actuaciones, según la documental del caso a la que ha tenido acceso este medio.

Moncloa y el caso Koldo

En este sentido, el objetivo de esta 'emisaria' del PSOE habría sido el de desacreditar el trabajo de la UCO y muy especialmente, el del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas ya que, actuando contra este alto mando, se asestaría un duro golpe también contra las principales causas de corrupción que afectan de lleno al Gobierno. El foco se pone especialmente en el caso Koldo.

Desde el mismo estallido del caso, en febrero de 2024, los cabecillas de esta presunta trama libraron una batalla para recuperar el material intervenido. Los agentes requisaron más de 170 dispositivos entre teléfonos móviles, discos duros y dispositivos de toda índole, pero el foco se pone en dos discos duros que custodiaba Koldo García en su domicilio alicantino de Polop de la Marina.

Estos dos dispositivos contenían información personal y privada de quien fuera su jefe, José Luis Ábalos. De hecho, él mismo trató de recuperarlos hace ahora un año, dirigiéndose al magistrado que inició las diligencias en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El instructor le denegó el acceso, al igual que ha hecho con Koldo García. Como desveló este medio, Anticorrupción advirtió que sacarlos ahora a la luz perturbaría el proceso, por lo que se esperarán a que la UCO termine sus informes.

Koldo y Ábalos, contra la UCO

Sin embargo, a medida que pasa el tiempo la tensión es mayor, no solo dentro de la causa, sino también en Moncloa. El propio Koldo García ha puesto el asunto en manos de la Sala de lo Penal denunciando ya vulneración de derechos al llevar más de un año y medio sin poder recuperarlos. Con todo, siguió los pasos de Ábalos al llevar ante la Fiscalía General del Estado la actuación de la UCO en su registro. El que fuera chófer del PSOE pidió a la Fiscalía que investigase la "desproporcionada" diligencia que llevó a cabo una veintena de agentes armados con pistolas y subfusiles en presencia de su hija que entonces tenía tres años.

También Ábalos arremete contra la UCO. El exministro socialista ha pedido tanto en la Fiscalía General del Estado como en los juzgados ordinarios que se investigue la actuación de los agentes porque, afirma, fue víctima de una investigación encubierta estando todavía aforado. El exdirigente socialista da la batalla para que se investigue una actuación concreta de los agente, que impulsaron tras pinchar los teléfonos de los cabecillas del caso Koldo.

En concreto, se refirió a la incautación de un sobre con información de los contratos de pandemia (por los que se inició esta causa) que le iba a llevar a Valencia Joseba García. De hecho, en el trayecto entre Alicante y Valencia, ciudad donde reside el político, la Guardia Civil efectuó un control sobre el vehículo de Joseba y estudió el sobre. Ábalos alega que estaba cerrado y que su nombre figuraba en el mismo. El exministro asegura que, tras ello, siguieron a Joseba hasta Valencia y fotografiaron al exministro saliendo de su domicilio, en lo que considera un seguimiento ilegal por cuanto que estaba aforado y no podía ser investigado hasta que el Congreso de los Diputados no diera el suplicatorio.

La propuesta a Carmen Pano

Este cerco a la UCO se produce en plena cuenta atrás para aportar sus conclusiones sobre el presunto intercambio de mensajes entre Aldama y Koldo con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y otros "aforados". Se trata de un informe que preocupa especialmente en Ferraz, no tanto por lo que pueda decir la Guardia Civil, sino porque podrían refrendarlo testigos de excepción del procedimiento, como es el caso de Carmen Pano.

En ese sentido, la empresaria -que declaró en sede judicial que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE por orden de Aldama- recibió una oferta por parte del entorno del PSOE en los días previos a su comparecencia en el alto tribunal, que se produjo el 25 de febrero. Quien fuera persona de máxima confianza de Aldama, recibió una propuesta por parte de un despacho de abogados cercano a la formación socialista, para que no confirmase ante el magistrado Leopoldo Puente el capítulo de la presunta entrega de dinero, tal y como desveló el diario The Objetive y confirmado a este medio por el entorno de la empresaria. En concreto, le ofrecieron un pago de 50.000 euros, pero la empresaria declinó la proposición y terminó confirmando estos presuntos pagos en 'B' en el Tribunal Supremo.