Tributación

Hacienda y Trabajo rompen las negociaciones para que el salario mínimo no tribute

Las posturas siguen alejadas y, si no hay acuerdo, el Ejecutivo vetará la iniciativa de Sumar

El reloj corría en contra de los socios de coalición para alcanzar un acuerdo sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Y el reloj ha saltado por los aires. Fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz aseguran que las negociaciones se han roto, por lo que hoy se propiciará una imagen inédita: que el Gobierno acabe vetando una propuesta del propio Gobierno. Esto es, que Hacienda promueva un “veto presupuestario” a la iniciativa de Sumar para que el salario mínimo no tribute.

Las posturas han permanecido semanas muy alejadas e inamovibles, hasta que el martes pasado Pedro Sánchez dio la orden de evitar el choque, que amenaza ya con producirse, y obligó a María Jesús Montero y Yolanda Díaz a sentarse a negociar.

Fuentes gubernamentales aseguran que “no hay acuerdo” y se daban de margen el día de hoy, hasta que cumpla el plazo para presentar el citado veto, para evitar esta imagen de colisión. Una sensación de división que no podrá esquivarse y que se contextualiza, además, en pleno choque por la no presentación de los Presupuestos o el gasto militar. El objetivo era alcanzar un pacto entre Hacienda y Trabajo para que Sumar retire su iniciativa y no haya que vetarla, pero si este consenso no se produce antes de las 18:00 horas, el Ejecutivo seguirá adelante con el veto y se emplaza a “los próximos días” para seguir negociando con sus socios.

Fuentes gubernamentales señalan que el veto no se presentaría, en todo caso, antes de la reunión de la Mesa del Congreso, para evitar que se debata en su encuentro de hoy y quede ya para la reunión del 8 de abril. Este sería el plazo definitivo para tratar de resolver el conflicto antes de que PP y Sumar unan sus votos para tratar de revertir el “veto presupuestario” del Gobierno. Si esta estrategia prosperase, el Gobierno se reserva la vía del Tribunal Constitucional para imponer su criterio.

Ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lamentó que aún no haya acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que el salario mínimo interprofesional (SMI) no tribute en el IRPF: "Me encantaría decir que hay acuerdo, pero no lo hay", reconoció en una entrevista en "Las Mañanas de RNE", donde defendió que no se trata de "un problema de plazos", sino que el objetivo de su formación es que "se cumpla el acuerdo de Gobierno" y el SMI "llegue al 60% del salario medio neto", algo que en su opinión no sería así en caso de que tribute.

"Ojalá lleguemos a un acuerdo antes de mañana -por hoy-. Yo no me levanto una mesa nunca, me lo han enseñado en mi casa y tengo una paciencia infinita, pero no hay acuerdo a estas alturas", recalcó. Los esfuerzos se intensifican, después de que Hacienda rectificara y se abriera a buscar fórmulas para que el 20% de los perceptores de estas rentas mínimas que no tenían bonificado el IRPF pasaran a quedar exentos.

El problema ahora es que, si bien Montero ha cambiado de criterio, este cambio sería coyuntural, solo para este ejercicio, para este año, mientras que Díaz quiere que se haga extensible a los siguientes. En este sentido, la propia ministra de Hacienda ha reconocido hoy "diferencias" y ha pedido cesiones a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, bajo el argumento que ella ya "ha movido su posición" ofreciendo esa compensación a ese 20% de perceptores. "Espero llegar a un acuerdo a lo largo de los próximos días", ha dicho.

"No podemos elevar hasta el infinito y permanentemente el ahorro de las rentas bajas, porque haría que la recaudación cayera en su totalidad, ya que vamos acercando el salario mínimo a los salarios más frecuentes", ha señalado. En el Gobierno se prioriza ahora lograr el acuerdo dentro de la coalición antes de visibilizar esa ruptura total en la Mesa del Congreso, con una pinza entre el PP y Sumar para doblarle el brazo a Hacienda. Y eso pasaría por compensar a los trabajadores que no tienen cargas familiares y que supondría "algo más de 200 millones".