Imputan al equipo de la ex ministra Corredor por la financiación del PSPV

Un juzgado de Madrid ha imputado a otros dos ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por financiar de manera irregular al PSPV.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar como investigados el próximo 21 de mayo a Nicolás Mateos, jefe de Gabinete de la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor y a Marcos Vaquer, subsecretario del Ministerio y ex presidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, quien facturó servicios para el PSPV por valor 126.208 euros gracias a ser adjudictaria de la realización de una campaña de publicidad para el citado ministerio.

La jueza también ha citado ese mismo día a la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta y a la que ejerció como abogada del Estado en dicho Ministerio, Irene Domínguez; mientras que el 30 de mayo deberán acudir al juzgado otras cuatro personas más, entre ellas el perito que realizó el informe relativo a esas adjudicación y donde, presuntamente, se ponían de manfiesto determinadas irregularidades en la adjudicación del contrato.

En la resolución de la instructora de este procedimiento se pone de relieve cómo del análisis del informe pericial se desprende la existencia de supuestas irregularidades en el procedimiento de adjudicación del contrato a la empresa Crespo Gomar, cuyo principal responsable es un empresario a quien se le vincula con el PSPV, por el Ministerio de Vivienda en el año 2009 por importe de 126.208 euros. Estos hechos, sostiene la magistrada en su auto, podrían constituir de forma indiciaria los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales.

En relación con Nicolás Mateos, jefe de Gabinete de la ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor, apunta a que fue quien redactó o firmó el pliego de prescripciones técnicas para la realización de la campaña publicitaria que finalmente se adjudicó a la agencia de comunicación Crespo Gomar; mientras que Marcos Vaquer sería quien suscribió el Informe de Insuficiencia de Medios, así como el contrato de adjudicación.

La magistrada adopta esta decisión después de la declaración de ayer tres funcionarios del Ministerio de Vivienda que defendieron la legalidad de la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa Crespo Gomar y que calificaron como «fallos de redacción» aquellos errores por los que el informe pericial concluía que el contrato era incoherente.

Los tres investigados reconocieron que la oferta presentada por Crespo Gomar era técnicamente la peor, «pero la mejor desde el punto de vista económico» y con esta valoración redactaron un informe favorable y el interventor dio el visto bueno al pago de esos 126.208 euros.

Esta causa se abrió después de que el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís, se inhibiera a favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía. Antes, pidió a la Intervención General de la Administración del Estado la designación de un perito quien redactó un informe en el que concluyó que la cronología de los hechos recogida en el expediente de contratación era «incoherente e imposible».