La investigación a la "trama del fuel" destaca la "vinculación" de Aldama con "altos cargos del Gobierno y del PSOE"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone de relieve en un informe sobre la "trama de hidrocarburos" la "vinculación" de Víctor de Aldama "con cargos políticos" y, más concretamente, que el comisionista "se encuentra relacionado directamente con altos cargos del Gobierno y del PSOE", según ha puesto de manifiesto -apunta- la investigación del "caso Koldo". Esas supuestas relaciones, afirman la unidad policial, "se están investigando por revertir indicios de criminalidad" ante una posible comisión de delitos tributarios y de blanqueo.

El informe, de octubre del pasado año (inmediatamente posterior a las detenciones y registros que precipitaron la operación contra esta supuesta red delictiva) enmarca esta apreciación en uno de los once "indicadores" de la existencia de una organización criminal que desgrana: el "uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, autoridades judiciales o sobre la actividad económica", sinónimo de una actuación corrupta.

Esta actuación delictiva, subraya la UCO, "lleva aparejada, de manera inherente, la búsqueda de beneficios y poder". Y es que, explica, "los altos beneficios obtenidos posibilitan a sus principales dirigentes la generación de sinergias de poder con órganos de dirección de empresas y de la propia Administración, cuestiones ambas necesarias para asegurar la permanencia en el tiempo en sus operativas criminales". Así se ha puesto de manifiesto, sostiene, "en la presente investigación" por un supuesto fraude tributario cometido en el sector de los hidrocarburos, "sector estratégico" de España.

La Guardia Civil sitúa a Aldama y Claudio Rivas en el "primer escalón" de la supuesta trama, al asumir tareas de "dirección y de control". Uno de sus principales, explica, era "el diseño y creación de una estructura societaria que facilite la canalización y dificulten la trazabilidad de los fondos de procedencia delictiva" fruto del fraude tributario, desviando los beneficios a Portugal, China, Suiza y Colombia.

Para ello, constituían "sociedades instrumentales" a través de testaferros (la UCO identifica a once en total, dos de ellos cualificados) que habrían interpuesto "para que figuren como administradores de derecho y así desvincularse del control ejercido sobre estas sociedades".

En el siguiente nivel, los agentes sitúan a María Luisa Rivas, hermana de Claudio, como "subdirectora", quien habría asumido la representación de la empresa Villafuel en el sector de hidrocarburos. "Es la encargada de supervisar la ejecución de la estrategia comercial" ejecutada por el jefe de operaciones y de "coordinar" la transferir el patrimonio procedente de la operativa.

María Luisa Rivas, añade, "se apoya" en el jefe de operaciones y contabilidad, Javier Cillán, "experimentado conocedor" del sector de los hidrocarburos, y a quien considera el "máximo responsable" de la "coordinación" administrativa, comercial y tributaria de la estructura empresarial investigada.

De ahí que los agentes señalen que los integrantes de los escalones de dirección, subdirección y operaciones son "piezas esenciales para el funcionamiento y el éxito de la actividad delictiva

realizada por esta organización criminal defraudadora de IVA", una actuación que "no habría podido tener lugar" sin contar con la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos otorgada a Villafuel, pues sin ella "la organización criminal quedaría inoperativa".

La UCO sitúa el origen de la supuesta trama el 8 de marzo de 2021 (aunque el fraude habría comenzado en septiembre del año siguiente), cuando sus "máximos dirigentes", Claudio Rivas y Víctor de Aldama, "se unen" en la dirección de Still Growing SL, administradora única de Villafuel.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha identificado empresas vinculadas directa o indirectamente a los máximos responsables de la "trama" en Suiza, el uso de cuentas tituladas por empresas en Colombia y China y doce sociedades en Portugal. En total, se han cuantificado transferencias fuera de España por importes de más de 73 millones de euros.

Sin embargo, la Guardia Civil no ha apreciado en la supuesta organización criminal otro de los signos característicos de esta: el uso de la violencia. "No observado", constata el informe policial.