Investigan el fraude en 30 millones para formación en Extremadura con el PSOE

La Junta sospecha que entre 2008 y 2010 hubo delitos contra la Hacienda Pública.

El presidente de la Junta de Extremadura ya lo dijo en el mes de enero: «No me van a callar, voy a limpiar de corrupción Extremadura, caiga quien caiga». El jueves, algunos volvían a recordar estas palabras cuando el Gobierno de Monago dio a conocer la denuncia que había interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción y la criminalidad organizada por un presunto fraude cometido en las facturaciones de la CREEX, UGT-Extremadura, CC OO-Extremadura y CEPES-Extremadura en los cursos de formación a personas ocupadas en la etapa socialista en 2011.

Pero los pasos que da Monago para limpiar Extremadura no quedan sólo en palabras y ayer anunció su Ejecutivo que la Intervención General de la Junta de Extremadura iniciará una investigación sobre los 30 millones adjudicados en los cursos de formación de 2008 a 2010. Así, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) solicitó ayer de forma oficial a la Intervención General que abra dicha investigación, al sospechar de que en dichos ejercicios también se pudo incurrir presuntamente en prácticas fraudulentas contra la Hacienda Pública.

La motivación de la investigación reside en que esas convocatorias estaban, al igual que la de 2011, reguladas por el mismo decreto de 2008 del anterior Ejecutivo. Dicho decreto estuvo en vigor hasta que en 2012 el Gobierno de José Antonio Monago, ya con plena capacidad jurídica para actuar en esta materia, lo suprimió y sustituyó por otro que modificaba el modelo para hacerlo más riguroso y estricto. Desde ese año no sólo se reducen significativamente las cuantías de las ayudas, sino que pasa a ser la propia Administración regional la que controla y revisa todo el proceso de la justificación de dichos cursos de una manera mucho más exhaustiva.

La investigación que inició el Ejecutivo de Monago de la convocatoria de cursos de formación de ocupados de 2011 se lleva realizando desde julio de 2014 con el conocimiento desde ese momento de la CREEX, CC OO, UGT, CEPES y resto de entidades beneficiarias a quienes se les pidió que acreditaran los importes que habían facturado con el fin de comprobar que respondían a gastos ejecutados y, además, a precios de mercado. Para ello, el Sexpe les informó a todas ellas de que se realizaría una auditoría del 10 por ciento de lo concedido y les requirió toda la documentación para justificar estas subvenciones, que ellas mismas aportaron. Asimismo, destacan en el Ejecutivo extremeño, se les remitió incluso el Informe provisional de la auditoría para que realizasen las alegaciones y subsanaciones oportunas.

La auditoría no sólo se realizó a los sindicatos CREEX, CC OO, UGT, CEPES, sino que también investigó a las asociaciones de autónomos, pero desde la Consejería de Empleo recuerdan que sólo constituye delito contra la Hacienda Pública cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros, que sería el caso de los principales sindicatos mencionados, ya que si hubiera sido en menor escala se trataría sólo de irregularidades y por tanto no debe llevarse a la Fiscalía, sino que se debe solventar por medio de la Administración y no constituiría delito.

La cantidad presuntamente defraudada por CC OO y UGT sería de 600.000-650.000 euros de los 1,8 millones recibidos. Y Cepes habría defraudado al menos unos 300.000 euros.