Jamón 5J y langostinos, con cargo a una fundación de la Junta de Andalucía

La juez Mercedes Alaya dispone de numerosas facturas de comidas y tickets del organismo público.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla atesora numerosa información relativa a la «macrocausa» de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. En el grueso sumario, en concreto tras la carátula de la caja rotulada como la 307 manejada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y ligada al Servicio de Gestión y Programación de la Formación Profesional Ocupacional (FPO), constan una serie de facturas, tickets y nóminas del personal de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida por sus siglas, Faffe.

Entre esa documentación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, aparecen cargos de varios menús directamente a esa entidad pública en distintos establecimientos hosteleros de Cádiz y sus alrededores por importes que llegan a elevarse a los 199,50 y los 201 euros en algún caso. A esto se suman comidas de una sola mesa como la celebrada en un restaurante de la capital gaditana en la que se abonaron 70,30 euros y que incluía 18 en jamón. Un elemento gastronómico, el jamón, en su modalidad de ibérico o de bellota 5J, y en alguna ocasión acompañado de queso manchego, común en varios de los tickets aportados supuestamente por trabajadores de Faffe y que obran ya en poder del juzgado, junto a sus nóminas. Dentro de ese apartado, un mesón expidió numerosos recibos superiores a menudo a los 100 euros. En él se consumió alguna vez hasta los 182,30.

Para completar los pedidos rastreados por este periódico, los comensales acompañaron el jamón con almejas, merluza, milhoja de salmón o de solomillo, atún... y las correspondientes bebidas o postres. Entre las huellas contables de esas comidas se recoge incluso la degustación de un crustáceo marino vinculado mediáticamente al sindicato UGT-A, cuya contabilidad también escudriñan los tribunales: los langostinos. El contenido de esa caja 307 abarca una factura de noviembre de 2011 en otro restaurante de un global de 73,25 euros, de los que 17 corresponden a langostinos.

A esos documentos vinculados a la gastronomía hay que añadir otros tickets de aparcamientos, servicios de taxi, de gasolineras e incluso una factura de suministro de material por un valor de 2.271,74 euros que contiene siete toalleros de manos, cinco litros de jabón de manos, cuatro platos, cuatro macetones, dos kentias o seis calandros, en el listado de lo abonado por Faffe.

Alaya decidió en enero, en un auto en el que alertó de la existencia de «varias bolsas de fraude» en relación con los cursos de formación, abrir una línea de investigación centrada en esta fundación «de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada el 22 de mayo de 2003» por la Junta. Una resolución en la que recordó además que el presidente de su patronato es el «titular de la Consejería de Empleo». Para la magistrada, la Faffe llegó a convertirse en un instrumento de dicho departamento y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de «dimensiones extraordinarias» y «con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación» con otros trabajadores de la Administración autonómica. La jueza remarcó ya entonces que la «única fuente de financiación» de la Faffe eran las subvenciones del SAE y advirtió de las «graves irregularidades» que presentaban en cuanto a su justificación.