El juez se abre a investigar la gestión del Ministerio de Ribera con la trama del fuel de Aldama

El magistrado que investiga la trama de los hidrocarburos activa la vía para investigar la licencia que el Ministerio de Transición Ecológica otorgó a Villafuel, empresa clave de la trama vinculada Claudio Rivas y Víctor de Aldama. El instructor ha solicitado a la Guardia Civil que aporte el expediente del departamento que dirigía Teresa Ribera para esclarecer si la mercantil, a la que se le atribuye un fraude del IVA superior a los 200 millones de euros, recibió algún trato de favor.

El instructor acuerda, además, reclamar el expediente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) en relación con la licencia que otorgó el Gobierno a Villafuel para operar en el sector de los hidrocarburos. En su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el magistrado ha vuelto a confirmar su decisión, desvelada por este medio, de no enviar parte del procedimiento al Tribunal Supremo para investigar una presunta implicación de José Luis Ábalos en la trama.

Pedraz mantiene al respecto que no han aparecido indicios que vinculen a esta presunta organización criminal con el exministro de Transportes. Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que corresponde en última instancia al Supremo "valorar y apreciar la eventual acumulación de todo lo relativo al expediente de Villafuel, en atención a los indicios de que disponga", explica.

Desliga a Ábalos de la trama

El Ministerio Fiscal insiste en que se desconoce el resultado de las diligencias practicadas y si Ábalos interino para que se otorgara la licencia a la empresa controlada por Aldama. "En principio, y a la vista de lo recogido en el atestado no parece muy plausible, ya que tal condición fue obtenida más de un año después de haber cesado el Sr. Ábalos como ministro", expuso Anticorrupción.

Ahora bien, el magistrado estima parcialmente la petición de la Fiscalía y se abre a reclamar los expedientes del Ejecutivo sobre esta licencia. En concreto, solicita a la UCO el documento de inscripción en el listado de operadores al por mayor de Villafuel y el seguido por la CNMC. Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción advirtió en su querella que el Gobierno habilitó a Villafuel el 15 de septiembre de 2022 "sin cumplir, aparentemente" con el requisito financiero que la norma exige".

La Fiscalía se querelló contra un total de 83 personas (entre físicas y jurídicas) por integrar, presuntamente, una organización criminal que defraudó al fisco y blanqueó los beneficios, sacando de España hasta 74 millones de euros. Los investigadores sitúan en la cúspide de esta trama a Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y a Víctor de Aldama. En estas diligencias está investigada también Carmen, Pano, la empresaria que sostiene que llevó 90.000 euros a Ferraz por orden del conseguidor del caso Koldo

La mediación de Aldama

Pano reconoció estos hechos primero ante la Guardia Civil y luego en el Tribunal Supremo. En sus confesiones ha detallado que puso en contacto a Rivas con Aldama y que éste último alardeó en muchas ocasiones de sus contactos con el Gobierno. De hecho, dichas influencias fueron aprovechadas por los hermanos Rivas para conseguir agilizar la obtención de la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos.

La Fiscalía sostiene que esta concesión abrió la puerta a la trama a cometer dicho fraude; el cual consistió en simular la venta de petróleo a terceras empresas (que en realidad pertenecen al entramado) para vender el fuel sin aplicar el IVA. Se trata de unas sospechas que descartan los cabecillas de esta presunta trama criminal, pero que encuentran soporte material en los más de 4.000 albaranes aportados por Pano al juez.

Este medio desveló que la empresaria aportó centenares de albaranes del ejercicio 2021 que demostrarían las transacciones de compra venta de fuel entre mercantiles de la trama en las que se determinó que el IVA a aplicar era del "0,0". La Fiscalía formuló querella por los delitos de organización criminal, blanqueo, contra la Hacienda y falsedad documental y cuantificó el fraude inicial en 182 millones de euros. El fiscal sostiene que los beneficios obtenidos se habrían desviado a través de las sociedades instrumentales a terceros países como China o Portugal, hasta donde se desviaron 68 de los 74 millones obtenidos.