Cargando...

Tribunales

El juez del Supremo que investiga al fiscal general no quiere retrasos: "No se debe tolerar"

Hurtado rechaza que Hazte Oír se persone como acusación popular y avisa de que no quiere "interferencias" en el proceso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la semana pasada en el Tribunal Supremo para declarar como investigado EUROPAPRESS

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no quiere que la causa se ralentice. En la resolución en la que rechaza que Hazte Oír ejerza la acusación popular en el procedimiento, el instructor cierra la puerta a esa personación porque "no muestra intereses distintos" al resto de la acción popular y avisa de que sumar una nueva acción popular "nada puede aportar a la buena marcha del proceso", aunque sí puede -por contra- "contribuir a una merma de su agilidad", algo que entiende que "no se puede tolerar" más allá de la personación permitida a Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa.

En la resolución, Hurtado recuerda que el pasado 16 de enero decidió mantener separadas a las cuatro acusaciones populares -además de las referidas, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- y defiende que añadir ahora una nueva acusación podría contribuir a "interferir en el proceso con ese eventual efecto contrario al que se pretendía evitar" en esa resolución del pasado enero.

En ese auto, el magistrado puso sobre la mesa dos criterios para no unificar a la acción popular. Por un lado, que el ICAM y APIF defienden intereses "corporativos" (de la abogacía y de la carrera fiscal, respectivamente) y Manos Limpias y la Fundación Foro Libertad y Alternativa, intereses "generales". Y, por otro, que se consideró que la diferencia entre una o dos acusaciones más "que defendían iguales intereses generales" no era equiparable con el supuesto de que existiera "una diversidad mayor de acusaciones que, por poder perturbar la buena marcha del proceso, recomendase su agrupación en una".

En sus alegaciones, tanto la defensa de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Fernández, como la representación de APIF, Manos Limpias y Foro Libertad y Alternativa coincidieron en no apreciar en Hazte Oír -que también ejerce la acusación en el "caso Koldo" y en las investigaciones a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano, respectivamente, del presidente del Gobierno- "un interés diferente" del que defienden el colectivo de funcionarios y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.

Hazte Oír -que según las fuentes consultadas recurrirá en apelación la negativa de Hurtado- argumentó su derecho a ejercer la acusación popular por tener un "claro interés legítimo" por tratarse de una causa "en la que, indiciariamente, concurren delitos que afectan seriamente a la confianza ciudadana en las instituciones, en tanto que se investiga un delito de revelación de secretos cometido por el fiscal general del Estado, habiendo este, presuntamente, aprovechado su posición para filtrar datos confidenciales de un ciudadano particular con el fin de perjudicar al rival político".

Y para apuntalar su petición, recordaba que sus estatutos reflejan que uno de sus fines es "el fortalecimiento institucional y democrático, mediante el impulso de iniciativas orientadas a la participación ciudadana en la vida pública", por lo que en su opinión resulta "claro" que ostenta la legitimación necesaria para ser parte "como defensora de los intereses que se han visto afectados por los hechos objeto de investigación, hechos que han afectado al funcionamiento institucional de nuestro sistema democrático".

En su declaración como investigado, García Ortiz negó la pasada semana "rotundamente" que filtrara información reservada sobre la investigación a González Amador. Según afirmó ante el juez, no dio ninguna orden para que se divulgara esa información entre la defensa del empresario y el fiscal del caso sobre un posible acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal por el que el novio de Ayuso está siendo investigado. Respecto al borrado de sus mensajes, defendió que almacena habitualmente datos reservados de su relación con diversas instituciones, por lo que cambia habitualmente de teléfono, hasta el punto de que en los últimos cuatro años ha cambiado seis veces de móvil.