Pleno

Junts pone a prueba los "cambios de opinión" de Sánchez: reta al Gobierno a reconocer a Kosovo en el Congreso

El PP lleva una ley a la Cámara Baja para estrechar el cerco al narcotráfico

Hemiciclo del Congreso
Hemiciclo del CongresoEUROPAPRESSEuropa Press

El Congreso celebra esta misma semana su última sesión plenaria del periodo de sesiones. Y el orden del día llega con dos iniciativas destacadas: por un lado, Junts lleva una proposición no de ley para instar al Gobierno al reconocimiento de Kosovo, un paso que Moncloa nunca ha dado para evitar alimentar apoyos a una Cataluña independiente; y, por otro lado, el PP lleva a votación una proposición de ley para estrechar la presión sobre el narcotráfico tras el trágico suceso de Barbate, cuando fueron asesinados dos guardias civiles tratando de frenar a una narcolancha.

En concreto, la cuestión de Kosovo siempre ha estado rodeada de polémica desde que la pequeña provincia de la antigua Yugoslavia se desgajara de Serbia mediante una declaración unilateral de independencia que se votó en el Parlamento en febrero de 2008. Esta vía para lograr la independencia remite directamente a lo que intentó hacer el separatismo en Cataluña en 2017 y eso siempre ha alimentado recelos en los distintos gobiernos españoles, porque se puede acabar extrapolando al secesionismo catalán.

Lo cierto es que Kosovo apenas ha logrado el reconocimiento de casi un centenar de países (96, en concreto), pero sigue sin lograr el «sí» de cinco miembros de la Unión Europea: España, Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia. Y España, de momento, ha estado lejos de dar apoyo a Kosovo, aunque teniendo en cuenta la experiencia con los «cambios de opinión» de Sánchez, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Durante la etapa del presidente socialista ya ha habido un giro diametral en Política Exterior con Marruecos y Junts va a intentar forzar que también se dé ese viraje con respecto a Kosovo.

En la exposición de motivos, Junts recoge una respuesta del Gobierno de octubre de 2021, en la que daba los motivos oficiales de su postura con Kosovo: «España mantiene una posición de no reconocimiento de la declaración unilateral de independencia adoptada por Prístina en 2008, por ser un acto unilateral. No obstante, desde un planteamiento constructivo, considera que es el momento de hacer un esfuerzo significativo para solucionar la cuestión del territorio de Kosovo en el marco del dialogo entre Belgrado y Prístina con un acuerdo respetuoso con el Derecho Internacional».

Además de la PNL de Junts, destaca la proposición de ley del PP relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales. Es decir, con esta iniciativa, los populares se hacen eco de la demanda de la Fiscalía especial antidroga, que en 2022 reclamó que se modificara con «urgencia» el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para redefinir las competencias de la Audiencia Nacional «con el objeto de poder atribuirle la investigación y enjuiciamiento de las grandes causas transnacionales y no las interregionales».

¿Cuál es el objetivo de la modificación legislativa? Aprovechar «los conocimientos especializados y las ventajas» de la Audiencia Nacional para la «investigación y el enjuiciamiento de los casos realmente relevantes y complejos de narcotráfico y blanqueo derivado de este delito». En ese informe, la Fiscalía señalaba que, en los últimos 35 años, la delincuencia organizada «ha evolucionado desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales» que superan el «obsoleto modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional en los casos de crimen organizado cuando la actividad delictiva despliega efectos en el ámbito de más de una provincia».

Con esta proposición de ley, el PP aspira a ganar una nueva votación en el Congreso: actualmente, ha dado trámite ya a cuatro, que se unen a las doce leyes que provienen del Senado. Por tanto, los populares tienen 16 iniciativas legislativas paralizadas por el Gobierno de PSOE y Sumar pese a que son leyes que pueden reunir apoyos para ser aprobadas. La coalición quiere evitar así nuevas derrotas parlamentarias ante el PP.