La APM se descuelga de la huelga contra Gallardón

Cinco asociaciones de jueces y fiscales -entre los que no están ni la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ni la Asociación de Fiscales (AF)- anunciaron hoy que irán a la huelga el próximo 20 de febrero.

MADRID- Las asociaciones judiciales minoritarias mantuvieron ayer su convocatoria de huelga para hoy, el mismo día que el Consejo General del Poder Judicial tiene previsto aprobar un informe contra la reforma de este organismo que propone el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Sólo la APM, la asociación mayoritaria, se ha descolgado del paro. Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosal, y el vocal Antonio Dorado presentarán hoy un voto particular al informe. En el dictamen contrario al texto elaborado por Margarita Robles, se sostiene que el anteproyecto del Ministerio de Justicia es plenamente constitucional, no atenta lo más mínimo a la independencia judicial, el sistema de elección propuesto para los nuevos vocales «amplía las posibilidades de participación de cualquier candidatura, muy por encima del sistema» vigente, el que sólo siete vocales tengan dedicación exclusiva es algo que afecta excluisvamente a una decisión legislativa y tiene de positivo que «se consigue una mayor cercanía de los vocales a la problemática que afecta a la Carrera judicial sobre la que deben gobernar». Es decir, De Rosa y Dorado llegan a conclusiones radicalmente contrarias a las del texto que se aprobará hoy. José Manuel Gómez Benítez también presentará un voto particular discrepante, según fuentes del propio Consejo.

El informe de Fernando de Rosa y Antonio Dorado parte de que el órgano de gobierno de los jueces no se creó de forma «robusto y plenipotenciario», sino, por el contrario, «un órgano autónomo que desempeñe determinadas funciones...pero sin que de ello se derive que ese órgano sea expresión del autogobierno de los jueces». Por ello, consideran que el legislador «puede en el momento y en el sentido que consideren más oportuno, modificar la legislación relativa al gobierno del Poder Judicial, siempre y cuando respete las reglas de contenido material y formal definidas por la propia Constitución», sin que con ello se altere o vulnere la independencia judicial. De esa forma, concluyen en el apartado respecto a si el anteproyecto afecta o no a la independencia judicial, «que resulta constitucional, que el Ejecutivo haciendo uso de la capacidad de iniciativa legislativa que le corresponde, inicie este proceso de reforma de la legislación relativa al CGPJ, al entender que el mismo respeta los límites establecidos por la Constitución». Por otro lado, rechazan que la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia afecte negativamente a las competencias del Consejo General del Poder Judicial: «El anteproyecto mantiene la competencia del Consejo, realizando una delimitaciás más clara con el marco competencial existente en la actualidad entre las distintas administraciones, tanto en su faceta interna como externa».