La CUP quiere tomar las riendas del «procés»

Los anticapitalistas aumentan la presión sobre el Govern en los últimos días. Ahora piden la dimisión del conseller Santi Vila por denunciar a Arran tras los ataques al turismo.

Pese a que la CUP rehúye siempre corresponsabilizarse de la organización del referéndum con su rechazo a entrar en el Govern y prefiere asumir funciones de fiscalización, eso no ha evitado que lleve la voz cantante en muchas ocasiones. Los cuperos, que justifican su negativa a entrar en el ejecutivo catalán porque se consideran más útiles desde fuera, han demostrado la capacidad que tienen para imponer su criterio en determinadas decisiones o para erigirse en portavoces de los avances en los preparativos de la votación del 1-O ante el secretismo existente.

En este sentido, si el sábado la diputada Mireia Vehí certificaba que el Govern ya dispone de urnas y censo y confesaba que sabía cómo se han conseguido, así como anunciaba la apertura de una web para que se apunten funcionarios para el recuento de votos, ayer lo que pedía Anna Gabriel era la dimisión del conseller de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, si gana el «sí» en el referéndum. Según la anticapitalista, se abriría un escenario en Cataluña de «transición y rupturista» en el que Vila no sería válido, además de mostrarse irritada por las acciones judiciales que ha tomado ante los episodios violentos contra intereses turísticos protagonizadas estos días por Arran.

En una entrevista en la ACN, Gabriel lo calificó como un conseller «muy bueno para ricos pero que no lo es para la gente pobre». Así, consideró de «criminalizadora» su actitud tras personarse contra estos actos vándalicos mientras no lo hizo contra causas como «la estafa de las preferentes o la pobreza energética». En todo caso, y a pesar de esta circunstancia concreta, Vila siempre ha destacado en el Govern de Carles Puigdemont por ser una de las voces más moderadas (elogió a Alberto Núñez Feijóo y a Íñigo Urkullu cuando ganaron las autonómicas de Galicia y Euskadi), críticas en los pactos con la CUP, e incluso ambiguas sobre el referéndum unilateral.

Todo ello también le ha convertido en el conseller que cuenta con mayor rechazo en las filas de la formación anticapitalista, al que tildaron de «antiCUP» cuando asumió la cartera de Empresa en relevo de Jordi Baiget, quien fue precisamente fulminado por Puigdemont por dudar del referéndum y la consecuente presión que ejerció la CUP. Ahora, las palabras de Gabriel parecen ir destinadas a conseguir el mismo objetivo, aunque será más complicado dada la sintonía que tienen Vila y Puigdemont.

Asimismo, los anticapitalistas están tratando de marcar los ritmos en la fase final del «procés». Por un lado, han expresado su intención de llegar al 11 de septiembre, fecha en la que se celebra la Diada, con la ley del referéndum aprobada. Hasta el momento, la postura de la CUP es ésa pero se desconoce la de Junts pel Sí, aunque por la premura del calendario es de prever que también la comparta, ya que la campaña por el «sí» debería empezar el 15 de septiembre si el referéndum se celebra el 1 de octubre.

Por otro lado, lo que sí genera ostensibles divergencias es la ley de transitoriedad jurídica. La formación radical pretende aprobarla antes del plebiscito, pero en Junts pel Sí hay división de opiniones: ERC se alinea con la CUP mientras el PDeCAT prefiere darle luz verde después del 1-O. Esto ha desatado una nueva amenaza de los anticapitalistas, que pretenden registrar la norma de forma unilateral si Junts pel Sí no acaba acatando sus própositos. El argumento que dan es que así no habría margen para reinterpretaciones del resultado, y en caso de que ganara el «sí», se proclamaría la independencia inmeditatamente.