La ex mujer de Jordi Pujol Junior pagó tres millones de IRPF entre 2004 y 2013

La ex esposa de Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», Mercé Gironés –imputada por delito fiscal y blanqueo–, pagó más de tres millones de euros en el Impuesto sobre la Renta entre 2004 y 2013. Así lo asegura su abogado, Alberto Carrillo, en su recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de bloquear las cuentas de Gironés. A ella y al primogénito de la familia Pujol los califica de «diligentes contribuyentes» y hace hincapié en que con la Agencia Tributaria únicamente mantienen una discrepancia «administrativa» por unos «mínimos conceptos de magras cuantías».

La defensa de Gironés asegura que el revuelo mediático originado por la investigación judicial al patrimonio de su ex marido le obligó en 2013 a desprenderse de sus participaciones en las sociedades que compartía con «Junior» (Iniciatives Marketing, Project Marketing, Active Traslation e Inter Rosario), lo que le supuso pagar a Hacienda más de dos millones de euros. Y de 2004 a 2013, añade, ha pagado más de tres millones de IRPF a la Agencia Tributaria y otros 300.000 euros del Impuesto de Sociedades.

Sin embargo, en el auto en el que el juez De la Mata ordena el bloqueo de sus cuentas, el magistrado afirma que esas operaciones (de las que, según Anticorrupción, se habría servido Pujol Ferrusola para desprenderse de sus activos ante la previsión de futuros embargos) se realizaron ante notario entre enero y septiembre de 2014. Por sus 5.000 acciones de Iniciatives Marketing, Gironés habría recibido de su ex marido 2,8 millones; otros 141.091 por 1.503 participaciones en Project Marketing y 1,3 millones más a cambio de traspasarle 20.167 acciones de Inter Rosario Port Services.

Su defensa justifica esas operaciones en la intención de la pareja, desde que se separaran definitivamente en julio de 2011, de «buscar un camino» para «la separación menos costosa de sus activos», por lo que muestra su «estupor» por la «nula comprensión y conocimiento» de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía al considerarlos «un proceso para deshacerse de ciertos activos». Se trata, insiste el letrado, de «rentas lícitamente obtenidas».

La UDEF cifra en 11,5 millones los importes de las facturas expedidas por sociedades vinculadas a Pujol y Gironés a un conjunto de empresas cuyo denominador común es que «su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico». Y es que los investigadores están convencidos de que ambos han utilizado en los últimos años esas sociedades «instrumentales» –«que no producían valor real añadido alguno»– para «canalizar capitales de presunto origen criminal» en España y el extranjero.

Operación sospechosa

En su resolución, el juez De la Mata hace referencia a una operación inmobiliaria sospechosa en la que Gironés pagó por un terreno en Palamós 217.000 euros, que vendió tres años después por 4,8 millones a la sociedad Promopalamós, en cuyo capital entró el Grupo Copisa, perteneciente a la familia Sumarroca, «justo para efectuar la operación». Para el juez, las plusvalías de esta compraventa difieren «mucho» de la situación en terrenos colindantes.

La defensa de Gironés, sin embargo, explica que la ex esposa de «Junior» compró los terrenos cuando eran rústicos, tres años antes de que el Ayuntamiento de Gerona, entonces en manos del PSC, modificara el planeamiento. La operación se cerró, insiste, en «idéntico precio de mercado» que otras fincas colindantes.

Denuncia filtraciones «políticas»

El abogado denuncia en su recurso la «flagrante violación de los derechos» de Mercé Gironés durante la investigación por las «filtraciones» que se han producido «desde todas las instancias políticas con acceso a los datos de esta causa, especialmente el Ministerio del Interior». Carrillo también se queja de la «inflamación informativa» que genera la investigación judicial del patrimonio de sus representados y de la actuación judicial. De hecho, critica las «infinitas» diligencias ordenadas en «todas y cada una» de las entidades bancarias vinculadas a Gironés, su ex marido y las sociedades que compartían. Con ese afán que califica de inquisitorial, el letrado cree que se ha llegado «hasta el paroxismo» citando como testigo a la directora de la asesoría jurídica del BBVA para que Anticorrupción ratificara un extremo que podía constatarse «mediante una simple consulta en el registro de emisiones», supervisado por la CNMV.