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La Fiscalía mantiene su acusación contra Chaves y Griñán en el juicio de los ERE

El fiscal José Enrique Egocheaga ha expuesto sus conclusiones definitivas, en las que acusa de prevaricación y malversación a los expresidentes de la Junta.

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d), junto al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (2d) y el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera (d), y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz, durante el juicio del caso ERE.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d), junto al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías (2d) y el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera (d), y otros ex altos cargos del Gobierno andaluz, durante el juicio del caso ERE.larazon

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la retira contra el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa.

No ha habido sorpresas y tras meses de juicio, pruebas y declaraciones, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sólo ha retirado los cargos contra el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa.

El fiscal José Enrique Egocheaga ha expuesto sus conclusiones definitivas, en las que acusa de prevaricación y malversación a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 19 ex altos cargos del Gobierno andaluz. En concreto, el Ministerio Público solicita una pena de diez años de inhabilitación para varios de los acusados por un delito de prevaricación, entre ellos Chaves; y seis años de prisión y 30 de inhabilitación para otros como Griñán por supuesta prevaricación y malversación continuada.

La postura de la Fiscalía ha sido la más predecible. Fuentes de la causa del área de las defensas temían divergencias «sustanciales» o «esenciales» en la parte fáctica, del relato de hechos, respecto al escrito de conclusiones provisionales. Advirtieron a LA RAZÓN de que si se producía una modificación «dura» en ese sentido, los abogados de los encausados recurrirán a su derecho a pedir la suspensión del juicio para «evaluar» la situación y «reajustarse». De momento, no ha sido así.

Hay que recordar que en esta pieza del caso ERE, la más mediática, se dirime la responsabilidad de los investigados en el diseño y el sostén durante casi una década de lo que se ha denominado el «procedimiento específico» por el que el Gobierno autonómico andaluz repartió 850 millones en ayudas, según cifró el juez instructor en un auto, de forma presuntamente arbitraria y eludiendo controles.