La Fiscalía investigará las injurias en la red tras el asesinato de Carrasco

«¿Isabel Carrasco? ¿Está muerta? Pues mejor. A ver cuándo van a por el resto del PP», «Una corrupta menos, Isabel Carrasco abatida a tiros, piun piun», «La verdad, Isabel Carrasco tenía merecidas todas las balas», «Yo que soy de la provincia me alegro un montón, llamadme hijo de puta o lo que queráis, pero voy a tomar unas cañas». Éstos son algunos de los tuit «colgados» en esta red social tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, cuyos contenidos son lo suficientemente explicativos por sí mismos. Al margen de las valoraciones que se puedan realizar de esos mensajes y de sus autores, está la vertiente jurídica, de si la Justicia puede actuar contra sus responsables.

Pues todo hace indicar que la maquinaria judicial se va a poner en marcha, y lo hará en un plazo de tiempo más bien breve. Para ello, tendrá que esperar que la Unidad Central de Delitos Telemáticos tanto de la Policía y de la Guardia Civil terminen los informes preceptivos en los que ya trabajan.

Una vez concluidos éstos, se remitirán al Ministerio del Interior y de ésta a la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de analizarlos y determinar si, junto a los contenidos de esos tuit, ordena incoar diligencias para esclarecer si se ha podido incurrir en algún tipo de delito. Fuentes jurídicas consultadas al respecto por este periódico dieron por seguro que la Fiscalía actuará si el contenido de esos informes abre esa puerta.

En este caso, las actuaciones se trasladarían a la Fiscalía de León, ya que la investigación la asumiría, por competencia territorial, un juzgado de instrucción de esa capital, aunque los autores de esos mensajes se encuentren en distintas provincias. Fuentes fiscales señalaron que, en un principio, estos hechos podrían encuadrarse en un delito de humillación a las víctimas.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández, indicó ayer que se había abierto una investigación para determinar si son constitutivos de delito algunos de los mensajes injuriosos vertidos en las redes sociales. El ministro hizo estas declaraciones tras presidir el acto del 170 aniversario, de la fundación de la Guarida Civil en el que calificó de «bochornosas» algunas de las frases publicadas en las redes sociales. Nada más conocer la difusión de dichos tuit, el ministro del Interior ordenó que se investigara su autoría por si fueran constitutivos de delito, con el objetivo de que no queden «impunes». Los comentarios, «absolutamente injuriosos y calumniosos» comenzaron a circular por las redes «poco después de haber caído brutalmente Isabel Carrasco» y «cuando todavía estaba el cuerpo yacente»; se trata de ideas que «nos han abochornado a todos».

La jefe del grupo de redes sociales de la unidad de investigación tecnológica de la Policía Nacional, Silvia Barrera, indicó a LA RAZÓN que, por lo general, el 98 por ciento de los casos que se investigan sobre estos asuntos terminan siendo sobreseídos. En la mayoría de los casos el juez tiende a determinar que prevalece la libertad de expresión y la víctima lo que quiere es que se retiren los comentarios injuriosos de la red.

En estos casos, los comentarios vertidos en las redes serían considerados como «delitos leves» ya que para ser considerado como «graves» debería de haber una amenaza que constituyera lesiones a la intimidad muy fuertes existiendo peligro para la persona y la pena sería de multa.

La unidad central de investigación tecnológica sigue la pista en estos momentos en unas diez o doce denuncias. A nivel regional, la unidad tiene cientos de denuncias que investiga. Pero, para que se pueda investigar, la inspectora Barrero advierte de que a diario reciben notificaciones de personas que les envían correos donde les advierten de contenidos injuriosos o calumniosos en las redes sociales, pero «nosotros somos una fuente de información» y recuerda que «hay que denunciarlo para que se pueda investigar». Según indica la inspectora Barrera, llegar al autor de un comentario en las redes sociales es «fácil», ya que todo comentario deja una «sombra digital», datos técnicos que constan en el servidor de servicios.

Depende del legislador que este tipo de actuaciones sean penadas con sanciones pecuniarias y esto es algo que puede tardar tiempo.