Caso Manos Limpias
La Fiscalía pide 119 años de prisión para Pineda y 25 para Bernad por extorsión
Asimismo solicita doce años de cárcel para la abogada de la organización Virgina López Negrete
La Fiscalía ha solicitado 119 años de prisión para el líder de Ausbanc, Luis Pineda; 25 años para el de Manos Limpias, Miguel Bernad, y otros 12 años para la abogada de esta organización Virginia López Negrete por la supuesta trama de extorsión.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama una pena de 119 años de prisión por pertenencia a organización criminal en grado de dirigente, extorsión, estafa, blanqueo y delito fiscal para el ex presidente de Ausbanc, Luis Pineda, por liderar supuestamente una red de extorsión a entidades financieras y empresas, que a partir de 2013 se habría servido para sus fines del sindicato Manos Limpias, para cuyo ex secretario general, Miguel Bernad, pide una condena de 25 años de cárcel. Entre la veintena de presumibles chantajes que relata en su escrito de acusación el teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, se incluye el intento de «negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina» en el «caso Nóos» a cambio de tres millones de euros que Pineda reclamó a los abogados de la hermana del Rey en marzo de 2016. Para la abogada del sindicato en este procedimiento, Virginia López Negrete, el representante del Ministerio Público solicita una pena de doce años de prisión al considerar que era «conocedora» de dicha estrategia y que «seguía las instrucciones» que le daba Bernad y «enviaba la información que obtenía del caso» al entonces presidente de Ausbanc.
Además de estos tres procesados, la Fiscalía acusa a otras ocho personas que sitúa en distintos niveles de la supuesta organización y sus empresas satélite, que fueron investigadas por el juez Santiago Pedraz hasta octubre. Entre las entidades extorsionadas figuran BBVA, Caja Madrid, Credit Services, Novagalicia, Catalunya Bank, Unicaja, Nissan, Barclays Bank, Caja Castilla La Mancha, Banco Sabadell, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Europistas, Caja Vital, Banco Caixa Geral, Gas Natural, Citibank, Bankia, Caja Rural del Sur, Banco Mare Nostrum y Banca March.
Pineda, recuerda el fiscal, constituyó en 1986 Ausbanc como una asociación sin ánimo de lucro en defensa de los consumidores, pero «en realidad» tenía la intención de utilizarla para «lograr un enriquecimiento ilícito». Aprovechando la existencia de procedimientos judiciales que en ocasiones eran iniciados por la propia asociación «con la excusa de la defensa de los consumidores y usuarios», Pineda negociaba –según el relato de la acusación pública– con las entidades demandadas acuerdos «a cambio de sustanciosas cantidades» para evitar campañas de desprestigio o el ejercicio de acciones legales en su contra. Y en el caso de que esas querellas se llegasen a presentar «conseguía llegar a algún tipo de acuerdo económico para rebajar pretensiones o incluso archivar el procedimiento judicial, lo que llevaba a cabo aunque tal decisión conllevara un perjuicio» para sus asociados.
Esos pagos de entidades financieras y empresas «se enmascaraban» como publicidad en las revistas de Ausbanc, como «estudios de mercado» y mediante patrocinios de jornadas u otros eventos de la asociación de consumidores. Con el objetivo de «reforzar la presión contra las entidades» y lograr esos acuerdos económicos desde finales de 2012 Pineda habría utilizado al sindicato Manos Limpias, «que además financiaba, para ejercer la acusación popular contra determinadas personas, contando con el apoyo y beneplácito» de Bernad.
A partir de 2013, parte de las noticias negativas contra una de las entidades extorsionadas, el BBVA, están vinculados al «caso Nóos», en el que estaban investigados Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina y en el que Manos Limpias, representada por López Negrete, ejercía la acusación popular. La letrada, dice el fiscal, «facilitaba las actuaciones procesales» a Pineda, que pretendía «presionar a la entidad bancaria» utilizando la imputación a uno de sus directivos, Antonio Ballabriga, a quien el sindicato pidió que se volviera a imputar en marzo de 2013 «para poder alegar tal imputación y así criticar a la dirección del banco en la Junta de accionistas» que se celebraba días después, «como efectivamente hizo» López Negrete.
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