Andrés Bartolomé
La familia Franco pide ahora al Supremo una aclaración de la sentencia
El fallo no quedaría en principio en suspenso, según fuentes del Alto Tribunal
El fallo no quedaría en suspenso mientras se prepara una respuesta a la petición.
La familia Franco ha pedido al Tribunal Supremo una aclaración de la sentencia que avala la exhumación del dictador del Valle de los Caídos y su traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Un movimiento que buscaría retrasar ese momento, previsto por el Gobierno para antes de la campaña electoral del 10-N. Los nietos del dictador se han dirigido al Alto Tribunal para que les explique si el Ejecutivo puede proceder a la exhumación pese a que no haya un consentimiento expreso del prior de la comunidad benedictina, Santiago Cantera. Y, en ese caso, saber qué pasos jurídicos habría que dar.
El Supremo considera que la «petición de un escrito de aclaraciones de algunos términos o aspectos de la sentencia no tiene por qué paralizar nada». Según fuentes del Alto Tribunal, al tratarse de un escrito de peticiones y no un recurso «no tendría efectos suspensivos». La petición de los allegados a Franco se ha producido en el plazo que se concedió por parte del Supremo, que tendrá ahora que estudiar si la demanda responde «a un tema nuclear o a uno accesorio», informa F. Velasco.
Es previsible que la familia tenga respuesta en unos días, y que los jueces se remitan a lo que ya acordaron en sentencia firme.
Según el tribunal, el Consejo de Ministros reconoció que debe contar con la autorización eclesiástica para acceder a la Basílica del Valle de los Caídos, aunque los acuerdos con la Santa Sede no niegan la competencia del Ejecutivo para decidir sobre la exhumación, y en la medida en que la negativa del prior administrador a autorizar la entrada descansa en la oposición de los familiares, «esa denegación decae tras esta sentencia».
Por su parte, la Abogacía del Estado ha pedido al juez de Madrid que suspendió la licencia de obras,José Yusty Bastarreche, que levante las medidas cautelares después de que haya insistido en que esta causa sigue viva.
La Abogacía del Estado ha solicitado además al Supremo el levantamiento de las medidas cautelares que el propio tribunal dictó en junio para los tres recursos que quedan –los correspondientes a la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos–, algo que resolverá la Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la próxima semana. Un mero formalismo que previsiblemente sea rápidamente solventado por el tribunal.
Mientras, la Fundación Franco ha remitido al Supremo un recurso de reposición contra la resolución dictada por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo en el que se queja de que el Consejo General del Poder Judicial comunicara en su web el fallo del Alto Tribunal «sin haberse redactado la sentencia ni conocer si los fundamentos de Derecho tienen votos concurrentes o no». A su juicio, esta divulgación y el hecho de que los medios de comunicación se hicieran eco después ha constituido «una tremenda indefensión y duda de imparcialidad».
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