«La Guardia Civil y la Policía actúan en la frontera desde la legalidad, como lo hacían con el PSOE»

Tras su intervención inicial, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, respondió a las preguntas de tres periodistas: Gloria Lomana, directora de informativos de Antena 3; Javier González Ferrari, presidente de Onda Cero, y Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN.

–Gloria Lomana: En las fronteras del sur de España, esta misma madrugada (por ayer) se produjo un asalto a la frontera de Melilla de más de 150 inmigrantes. Además, hay 30.000 subsaharianos en Marruecos esperando entrar y 40.000 en Mauritania esperando entrar a Marruecos para después hacerlo en España. ¿Cómo se para eso sin el apoyo explícito de la oposición y de Europa? Además, le digo, ¿qué le parece la actuación que está teniendo la oposición que sí que tuvo que tomar medidas excepcionales cuando gobernó?

–Jorge Fernández Díaz:

Es algo que nos interpela a todos porque es una realidad que no se resuelve sólo con un control en las fronteras. España es la frontera de la UE con un mundo poblado de personas que tienen el legítimo derecho a aspirar a una vida feliz, a desarrollar un proyecto vital que en su país de origen no encuentran. Hoy en día, con las tecnologías de la información ven cómo vivimos nosotros y por más crisis en la que consideremos que estemos inversos, para ellos sigue siendo «El Dorado». Por tanto la política de inmigración ha de ser de ámbito europeo. Al fenómeno de la inmigración la UE tiene que hacer frente desde el principio irrenunciable de la solidaridad compartida. Mariano Rajoy lo dejó claro en el último Consejo Europeo de jefes de Estado y de Gobierno, dejando claro que la política de inmigración se debe asentar sobre tres pilares fundamentalmente. Una política de prevención en los países de origen de estas personas, una política de cooperación con los países de tránsito, y, por supuesto, el control de las fronteras. La política de cooperación significa invertir en desarrollo en esos países y España no puede hacer ni tiene por qué hacer sola ese esfuerzo. Somos la frontera de la Unión Europea. Esto significa que hay destinar fondos y recursos para que esos países se desarrollen. España, en los últimos cinco años, ha destinado casi 600 millones de euros sólo a cooperación. La UE, además de dar algunos consejos, tiene que dar también recursos económicos y financieros. En cuanto a nuestros compatriotas y qué política hay que llevar a cabo a nivel nacional para hacer frente a esta problemática, creo que la política de inmigración ha de ser una política de Estado, porque tiene que ver con un fenómeno que tiene dimensión europea, mucho más allá de una nacional, en el sentido más noble de la definición. Lo dije en sede parlamentaria: política de Estado. Además, cabe recordar casos anteriores. El 29 de septiembre del año 2005 se produjeron unos hechos muy dramáticos también en la frontera de Ceuta, por tierra, en la valla que delimita el perímetro fronterizo. Hubo un intento de entrada de centenares de inmigrantes y se produjeron tragedias humanas. En el diario de sesiones del Congreso de los Diputados a fecha 6 de octubre de 2005, el ministro de Interior en aquel momento, José Antonio Alonso, como hice yo el otro día, compareció en el Congreso. Leo ahora sus palabras, no para criticarle sino para decir que hago mías sus palabras y ojalá los actuales dirigentes del Partido Socialista sean coherentes con eso. Hablaba entonces el ministro del Interior de «las múltiples dimensiones humanas de seguridad económica y social de carácter bilateral, multilateral, diplomáticas, etcétera, que concurren en los hechos a los que tenemos que hacer frente y que otorgan a la cuestión global de la presión de la inmigración ilegal una dimensión de Estado, y por ello debe ser afrontada con rigor y más allá de las polémicas o intereses de partido». Suscribo esas palabras. Decía muchas cosas más, por ejemplo, que «durante la acción la Guardia Civil se vio obligada a utilizar material antidisturbios ya que los inmigrantes se resistían a retirarse y persistían pese a la presencia de los agentes en sus intentos de intrusión en el perímetro, habiéndose solicitado la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local. Según la primera comunicación que recibimos de la comandancia de Ceuta, 94 subsaharianos resultaron con diversas heridas, en su mayor parte debidas a cortes producidos por la propia concertina y algunos con fracturas de sus miembros superiores y algunos en las piernas al saltar la valla y golpearse contra el suelo». Esto, entre otras cosas, decía el ministro del Interior en su comparecencia. Por lo tanto, vemos que esos hechos no son nuevos, él pedía una política de Estado y yo el otro día en mi comparecencia la pedía también y hoy vuelvo a reiterar que esa política de Estado es absolutamente imprescindible.

Debo decir honradamente que algunas actitudes que estoy viendo estos días al hilo de este drama distan mucho de ser definidas como políticas de Estado. Por tanto, la colaboración con Europa, la implicación de Europa, los fondos para el desarrollo de esos países de origen y, por supuesto, debo decirlo con toda claridad, el control de nuestras fronteras, es un derecho pero es un deber. Hemos de tener presente que las mafias nos están analizando muy de cerca. Visualizan cómo estamos reaccionando. Algunas conductas que se han producido hoy después de ese intento parcialmente consumado de introducción ilegal a través de la valla de Melilla de alguna manera vienen condicionadas por los acontecimientos que estamos viviendo. Como ministro de Interior tengo el deber de decir que tenemos que controlar nuestras fronteras y de exigir que a España se entre legalmente, porque es un derecho y un deber inalienable, el primer derecho que deben cumplir quienes entran en nuestro país es el de entrar legalmente. Por lo tanto, la Guardia Civil y la Policía van a seguir controlando nuestras fronteras ajustándose, por supuesto, a la legalidad nacional, comunitaria e internacional, actuando con respeto pleno como siempre a los derechos de los ciudadanos, de las personas que quieren entrar ilegalmente en nuestro país. Actuando con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Se está actuando como siempre, es decir, desde la legalidad, como decía el Partido Socialista cuando gobernaba. Desearía que ahora también lo reconozcan.

–Javier González Ferrari: Ha dicho usted ,y lo ha subrayado en varias ocasiones, que ETA está policialmente derrotada. Y mucha gente cree que está políticamente crecida por lo que hoy es ETA, que es Bildu. Bildu es ETA, y lo que está pasando en Navarra, lo que puede pasar en Navarra en pocos días, imagino que al Ministro del Interior y al Gobierno de la Nación le preocupa sobremanera: que Bildu abandere una moción de censura o que vaya a unas elecciones anticipadas donde no hay ninguna garantía de que los constitucionalistas (porque hay constitucionalistas claros y otros que son constitucionalistas dependiendo del día) como el PSN, pueden liderar la organización de Navarra, que sería el principio de algo más de esa hoja de ruta que es algo que siempre ha querido ETA y que ahora tiene Bildu como bandera: la anexión de Navarra.

–J.F.D.: ETA ha socializado el terror y el sufrimiento durante décadas en el País Vasco, en Navarra y en el conjunto de España para conseguir, entre otras cosas, el llamado ámbito vasco de decisión. Es decir, la anexión de Navarra, unida a la autodeterminación del País Vasco con Navarra anexionada y la independencia de lo que ellos llaman Euskal Herría. Con un régimen político que ellos llaman socialista, pero un socialismo que es totalitario. Eso es por lo que ETA ha socializado el terror y el sufrimiento. Quiero confiar en la responsabilidad sincera del Partido Socialista para que no contribuya a que Bildu sea el «caballo de Troya» que entre en Navarra para lanzarla en la dirección que ETA y la izquierda arbetzale han querido durante muchos años: que es la consecución del ámbito vasco de decisión de la anexión de Navarra.

–Francisco Marhuenda:

Parece que los presos de la banda terrorista ETA, quienes hasta hace nada rechazaban reconocer al Estado y por eso no pedían determinados beneficios penitenciarios –les correspondan o no–, van a actuar solicitando de manera individualizada beneficios y el acercamiento en función de la edad, de las circunstancias de cada uno, etc. ¿Cuál va a ser la política que va a adoptar el ministerio de Interior en este terreno y la estrategia de instituciones penitenciarias?

–J. F. D.: La estrategia es muy clara y es la que se ha mantenido en ocasiones anteriores cuando circunstancias como esta se han planteado. No es nueva esta estrategia. En 1996, el EPPK [el colectivo de presos políticos vascos] y ETA la establecieron y, recién llegados al Gobierno nosotros a principios de 2012, también lo hicieron. En el marco de una decisión colectiva, asumir iniciativas presuntamente individuales. Como todo el mundo sabe, las responsabilidades penales son individuales y la política penitenciaria también lo es. De la misma manera que la condena penal es individual, la reinserción también lo es y, por lo tanto, la política va a ser la de sujeción a la Ley. Si cumplen no formalmente, tácticamente o en evidente fraude de Ley los requisitos que contempla nuestra legislación, pues se les aplicará la legislación. Ahora, si como ellos ya han confirmado al asegurar que «no vamos a renunciar a lo que somos, no vamos a pedir perdón por lo que hicimos y por lo que somos», entonces eso va contra la Ley y, por lo tanto, que nadie espere que le tiemble el pulso al Gobierno a la hora de aplicar como hasta ahora la Ley.