Política

La juez pide investigar a la Cámara de Cuentas por no fiscalizar el fondo de reptiles

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al vicepresidente, Diego Valderas, en el Parlamento de Andalucía
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, junto al vicepresidente, Diego Valderas, en el Parlamento de Andalucía

En un auto fechado el 16 de diciembre, la juez que investiga el fraude de los ERE de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, pide a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que analicen la actuación de la Cámara de Cuentas autonómica «en relación con las ayudas sociolaborales concedidas en el programa 31L –el denominado «fondo de reptiles»– por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo–. Estos técnicos estatales han aportado recientemente al juzgado –el número 6 de Sevilla– un voluminoso informe sobre las subvenciones públicas en el que se apunta a su nulidad «de pleno derecho».

La magistrada considera ahora de «especial relevancia para la investigación de la causa» que la IGAE se pronuncie sobre las funciones de este órgano fiscalizador en la «rendición de cuentas anuales de la Junta». Para ello, la instructora ha remitido al director coordinador del equipo pericial otro informe realizado en julio de 2012 por el gabinete jurídico de la Cámara de Cuentas, que fue solicitado por el Pleno de dicho órgano en relación a un estudio previo de fiscalización elaborado por la propia Cámara. A ello hay que añadir la remisión a los interventores estatales de las alegaciones presentadas por la defensa del ex director general de la agencia IDEA –ente pagador de las ayudas fraudulentas, después del IFA–, Jacinto Cañete, imputado en la causa, quien esta semana se acogió a su derecho a no declarar, tras ser citado por Alaya.

En el escrito el letrado de Cañete, Juan Carlos Alférez, desliza que la Intervención General de la Junta de Andalucía, la Cámara de Cuentas y el Parlamento andaluz «santificaron» el procedimiento por el que se abonaron las ayudas de los ERE a través de la partida 31L, así como la herramienta de las transferencias de financiación. En relación a la Cámara de Cuentas argumenta, entre otras cuestiones, que no fue capaz de detectar en ningún momento la existencia de irregularidades. De hecho, este órgano nunca fiscalizó el «fondo de reptiles». Alférez puso en cuestión que el ente pueda «detectar una irregularidad en un ticket de dos euros» y, no el hueco que durante una década se hizo a las arcas públicas. «Tantísimo detalle», por un lado, no se corresponde con «dejar pasar año tras año nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenas de millones de euros», llegó a plantear el representante legal del que fuera director de IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009.

De otro lado, cabe recordar que el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, también imputado en la causa, declaró en sede judicial que conocía que la Cámara de Cuentas «nunca» hizo «una auditoría al IFA en diez años», lo cual «no deja de ser sorprendente», ironizó. Y ello, a pesar de que la entidad fiscalizadora lleva a cabo todos los años, además del informe de la Cuenta General, otro «de control de subvenciones» y «audita determinados programas». ¿Entre ellas la 31L? A Gómez no le constaba.