La Junta gestionó sin control 800 millones para formación, según la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas ha acabado de confirmar con un duro informe la espiral de irregularidades en torno a las partidas finalistas para formación que han gestionado fundamentalmente la patronal y los dos sindicatos de clase, UGT y CC OO. El resultado del informe de fiscalización de los años 2009 y 2010 de las subvenciones otorgadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación profesional –la partida 32D del Presupuesto– es demoledor al presentar vías de agua por todas partes: en el otorgamiento de las ayudas, fiscalización, justificación, auditoría, facturación, comprobación de los objetivos...

La cuantía en el punto de mira es elevada. Las subvenciones concedidas por la Junta entre 2009 y 2010 para formación dirigida a desempleados y ocupados, además de las acciones en investigación e innovación, rondan los 800 millones de euros. Concretamente 798,9 millones. La mayor parte de este dinero lo han gestionado los agentes sociales dentro de los acuerdos de concertación iniciados en 1993 y considerados por el Ejecutivo andaluz una de las principales herramientas para el desarrollo económico de la comunidad. Según recoge el informe, consultado por LA RAZÓN, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CC OO-A, UGT-A y la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada en el SAE tras la puesta en marcha de la «ley del enchufismo», recibieron en los dos años analizados el 37 por ciento de las ayudas para formación de ocupados y desempleados, es decir, 275,9 millones de euros.

La Cámara de Cuentas detecta en algunas actuaciones de los órganos gestores la posibilidad de que se deriven responsabilidades administrativas y contables, abriendo así la puerta a que el informe acabe en el Tribunal de Cuentas o en la Fiscalía, o en ambos. Hay que tener en cuenta que llueve sobre mojado. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está investigando la contabilidad interna de UGT por presuntas irregularidades en partidas para formación aparecidas en este periódico y en otros medios de comunicación. Este informe, probablemente el más duro respecto a las partidas del Servicio Andaluz de Empleo conocido en los últimos años, apunta en la misma línea. Analiza fondos de formación vehiculados a través de los planes sectorial e intersectorial o el plan Memta de la Junta, que ya han estado salpicados de irregularidades en el escándalo de UGT-A. De hecho, el sindicato, como avanzó LA RAZÓN, cargó al Plan Memta el coste de la grabación a láser del logo de UGT en 40 videocámaras que se autorregaló la cúpula de la organización en los «Reyes» de 2011; y endosó a los planes sectorial e intersectorial 2006 el desembolso de 400 relojes y 200 bolígrafos de plata.

La cantidad bajo sospecha supera holgadamente la del «caso de los ERE». La partida de formación 32D –el SAE gestiona otras cuatro líneas de formación– roza en dos años los 800 millones de euros, cuando la partida 31.L del «fondo de reptiles» ronda los mil millones de euros pero en una década. No hay que perder de vista que esta partida 32D se nutre también con dinero del Fondo Social Europeo. La Comisión Europea ha abierto recientemente una investigación administrativa para determinar si UGT-A ha cometido irregularidades en una ayuda de formación de medio millón de euros.

La Junta de Andalucía también incurrió en graves irregularidades en las ayudas para formación destinadas a los trabajadores de Delphi que se quedaron en el paro cuando la factoría de Puerto Real echó el cierre en 2007. Trabajadores a los que los entonces máximos mandatarios de los gobiernos regional y central, Manuel Chaves y Rodríguez Zapatero, prometieron, en vísperas electorales, que no los abandonarían a su suerte.

La promesa no sólo salió cara, sino que ha sido ineficaz y contraria a la normativa. La Cámara de Cuentas detecta que de algunas acciones pueden derivarse «responsabilidades administrativas».

La Junta concedió a la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ahora integrada en el SAE y coladero de cargos afines al PSOE, una subvención excepcional de 8,9 millones de euros para completar la IV fase del plan formativo de los ex de Delphi. Entre otras acciones, incluía la realización de 22 ediciones de cuatro cursos diferentes, como fabricación de paneles solares fotovoltaicos o fabricación de composites. El desempeño formativo iba acompañado de la concesión de becas por asistencia y compensación de gastos de transporte que se movían en una horquilla de entre los 15 y los 20 euros al día. Estas becas, señala el informe de la Cámara de Cuentas, «no se ajustan a lo establecido en la orden reguladora de Formación Profesional para el Empleo, que solamente las prevén para personas discapacitadas y otros colectivos con especiales dificultades de inserción, y por importes inferiores a los establecidos en la resolución». Entre los 4,35 y 4,2 euros al día, según una orden de 2000. Y, «en el mejor de los casos», 13,5 euros al día en otra orden de octubre del año 2009.

No es ésta la única subvención que gestionó la extinta Faffe y que está plagada de irregularidades. La Cámara de Cuentas también ha analizado dos subvenciones nominativas –es decir, que aparecen en los Presupuestos directamente asignadas a este ente– por importe de 24,5 y 24,3 millones de euros en 2009 y 2010, respectivamente, para formación de personas desempleadas y ocupadas. «En ambas subvenciones ha finalizado el plazo de justificación final (30/03/2012) sin que haya documentación justificativa». «Algunos de los cursos previstos se encuentran paralizados y otros ni siquiera se han iniciado».