La «purga» callejera de Carmena enciende a juristas e historiadores

Su propuesta de eliminar los símbolos franquistas de Madrid desata la polémica. Las calles de personajes ilustres como Eugenio d’Ors, Foxá o Dalí podrían desaparecer.

La memoria histórica está lejos de ser historia para la izquierda. Si bien ésta llegó a ser una realidad jurídica durante la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó la normativa que reconoció los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, ahora otras siglas tienen la intención de enarbolar esta bandera política. Las candidaturas de unidad popular aupadas por Podemos a los grandes consistorios del país en las elecciones municipales de mayo pretenden retomar la histórica reivindicación socialista y hacerla suya. La sitúan, de hecho, como una de sus medidas estrella, conscientes de la carga simbólica que entraña el asunto.

Y para muestra, un botón. El equipo de la alcaldesa madrileña Manuela Carmena ya ha mostrado durante esta semana su intención de retirar de la capital los nombres de las calles y plazas que hagan referencia a personas que colaboraron con el régimen del caudillo. Concretamente, Ahora Madrid quiere atajar el artículo 15 de la ley de 2007, el que hace referencia a la simbología y la nomenclatura. Una propuesta controvertida que, a pesar de estar por el momento sólo en el horizonte, ha vuelto a levantar viejos debates que parecían soterrados. La edil de Ahora Madrid Rita Maestre fue quien se encargó de levantar el polvo: «Intuimos que la Ley de Memoria Histórica no se está cumpliendo al cien por cien».

Desde el equipo de Carmena se asegura que no tienen previsto llevar a cabo la reforma de manera inmediata, puesto que consideran prioritario abordar otros asuntos como la paralización de los desahucios o la atención en los comedores sociales. «Hasta final de verano, nada. Sobre octubre se pensará», zanjan.

Varias calles y monumentos importantes de la capital han sido puestos en duda en los últimos días debido a que se ha presupuesto que un listado elaborado por el historiador Antonio Ortiz Mateos durante la última década en el que aparecen más de 300 personas «ligadas de un modo u otro al franquismo» podría servir como base para la purga de Carmena. En esta relación aparecen calles que hacen referencia a personas íntimamente ligadas al régimen y muchas otras del ámbito de la cultura cuyo nexo no parece tan evidente o ni siquiera existe en absoluto. Es el caso de personajes tan ilustres como Dalí, el ensayista Eugenio d’Ors o los escritores Ramón Gómez de la Serna, Agustín de Foxá y Muñóz Seca. El equipo de Gobierno municipal insiste en que no se está trabajando en ello de momento y que cuando llegue el momento formarán una comisión de expertos con el fin de determinar caso por caso qué calles son susceptibles de ser cambiadas.

En el caso de que se optase por tomar la lista de Ortiz como matriz se producirían inquietantes curiosidades como que la plaza de Salvador Dalí, que en la actualidad hace las veces de emplazamiento de espera a las colas que se forman para los espectáculos que tienen lugar en el Palacio de Deportes de Madrid, fue inaugurada a mediados de la década de los ochenta por el último alcalde socialista de Madrid, Enrique Tierno Galván. Paradójicamente, Carmena, por su forma y fondo, es una feligresa del modo de hacer política que trazó el «viejo profesor» e incluso Pablo Iglesias les ha equiparado.

Las asociaciones que llevan tiempo luchando en este sentido han recibido de muy buen grado la propuesta de Ahora Madrid después de que en los últimos años hayan reprochado el Ejecutivo de Mariano Rajoy que haya anulado de facto la ley socialista, al reducir a prácticamente cero los presupuestos destinados a la reparación de la memoria de los represaliados. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica afirma que «es incomprensible que en Madrid en el siglo XXI tengamos la Plaza del Caudillo o El Arco de la Victoria porque estamos celebrando una dictadura». Pero entonces, ¿hay que derribar el Arco de la Víctoria?

Desde el plano jurídico, los ayuntamientos son los que ostentan la competencia para actuar con respecto al callejero y los monumentos públicos. Así lo confirma Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y que ha tratado como investigador la memoria histórica desde la perspectiva legal, que se muestra partidario de analizar cada caso a nivel individual. «Hay que ir caso por caso. Si lo que se pretende es no homenajear a personas que participaron en la represión, hay que determinar el grado de participación de cada uno y eso debe hacerlo un grupo de expertos», asegura Escudero.

Pero mientras que desde Ahora Madrid se defienden en que simplemente cumplirán la ley elaborada por Zapatero, para algunos el problema se originó con aquel texto. Rafael de Mendizábal, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, asevera que la Ley de Memoria Histórica «es inmoral porque perpetúa el odio e inconstitucional porque es contraria al pluralismo político y a la libertad ideológica, así que jurídicamente esa ley no tiene por qué ser cumplida». El también académico numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación entiende que para quitar la calle a alguien se debería demostrar que hay un deshonor social. «No podemos cargarnos de un plumazo a magníficos escritores e intelectuales. En Francia, por ejemplo, no se ha jugado con la memoria de Victor Hugo. Toda lista de escritores, artistas e intelectuales es reprobable, esté quien esté», concluye De Mendizábal.

En esa misma línea se sitúa Jesús Palacios, historiador y editor de la revista Kosmos-Polis, que saca el asunto de la más inmediata actualidad y lo traslada al plano de las ideas. A su juicio, el término de memoria histórica es una contradicción en sí mismo, ya que, según defiende, no se puede legislar sobre la memoria por pertenecer al ámbito personal, ni tampoco sobre la historia, pues es algo que atañe exclusivamente al debate social.