Audiencia Nacional
La red de Villarejo se «incrustó» en la cúpula policial durante 15 años
El ex comisario José Villarejo –que con sus grabaciones ha puesto contra las cuerdas a la ministra de Justicia, Dolores Delgado– encabezó durante los últimos 15 años, según Anticorrupción, «una organización incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía especialmente sensibles para la seguridad del Estado». Así lo afirma la Fiscalía en un comunicado en el que anuncia que ha instado al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea a reabrir dos piezas del «caso Villarejo» que fueron archivadas el pasado 30 de julio.
A la espera de que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el cierre de ambas investigaciones desligadas de la «operación Tándem», que mantiene al ex comisario en prisión desde el pasado noviembre, el Ministerio Público ha presentado al instructor sendos informes instando la reapertura de las piezas «Iron» y «Land».
En la primera se investigó a tres socios del despacho de abogados Herrero y Asociados y a la directora del departamento de marcas externas del bufete por contratar los servicios de Villarejo para que espiara a unos ex empleados ante un supuesto caso de competencia desleal. En contra de Anticorrupción, De Egea dio carpetazo a las diligencias al no apreciar «mínimos indicios racionales y objetivos» que acreditaran la posible comisión de los delitos de cohecho y revelación y descubrimiento de secretos.
En la pieza «Land» estaba en el punto de mira la familia Cereceda, promotora de la urbanización de lujo La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La Fiscalía informa ahora a De Egea de la existencia de «nuevos elementos incriminatorios» contra esos siete personas investigadas por contratar los servicios de la supuesta organización criminal liderada por Villarejo. Unos hechos que, según Anticorrupción, serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
Esa nueva información procede del análisis de la documentación incautada en noviembre del año pasado en los registros de la «operación Tándem».
Para Anticorrupción, el instructor acordó el archivo «precipitadamente» y pide ahora su reapertura, ante los «sólidos indicios» expuestos, sin esperar a que resuelvan sus recursos. Y todo en beneficio de «la simplificación y la más adecuada ordenación de la presente macrocausa», constituyendo la solicitud de reapertura un paso al frente que «objetivamente impulsa» la investigación para propiciar un «rápido enjuiciamiento».
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