Los barones del PSOE se enfrentan a Sánchez por el trato diferencial a Cataluña

No admiten que «el pacto político» que propone el partido le dote de «rango negociador» con el Estado ni que genere desigualdades

El compromiso de Pedro Sánchez –si llega a La Moncloa– de impulsar un «pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno» ha reabierto el debate sobre la postura que el partido debe asumir en la cuestión territorial. Después de una etapa en la que el PSC coqueteó abiertamente con el derecho a decidir, tesis que generó un cisma en la formación, los socialistas redactaron en 2013 la Declaración de Granada para fijar la postura del PSOE y dar respuesta a la problemática catalana. En este documento se abogaba por la «igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos, cualquiera que sea el lugar en el que residan. Sí a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios o a las discriminaciones». Este punto es vital para los presidentes de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que recibieron con escepticismo la propuesta de Sánchez y que, en palabras del presidente Emiliano García-Page, esperan que el PSOE «no se pase por el arco del triunfo la Declaración de Granada». Al tiempo que estos territorios cuestionaban la iniciativa, desde Cataluña Miquel Iceta alababa la «valentía» del líder socialista para impulsar la «bilateralidad» en las relaciones de esta comunidad con el Estado.

Desde Andalucía se advierte al líder socialista de que les tendrá «enfrente» en todo lo que suponga «romper la igualdad de los españoles», algo que no se sale del discurso oficial de todos los presidentes autonómicos. Sin embargo, la federación de Susana Díaz va más allá y se opone también a que se favorezca la bilateralidad y se dé «rango negociador» a una comunidad autónoma respecto al Estado. «No entendemos cómo se puede hacer eso sin romper la igualdad de todos los españoles», señalan a LA RAZÓN. Desde todas las regiones se está de acuerdo en el reconocimiento de las singularidades, «somos un país que tiene singularidades en todos sus territorios», decía García-Page, sin que éstas supongan un criterio diferenciador entre unos y otros. El presidente castellanomanchego, en una entrevista en la Cadena Ser, también se mostró partidario de promover «soluciones habladas» para Cataluña, sin que éstas supongan dotar de «privilegios» a esta comunidad. En la misma línea se expresó el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, partidario de que se alcance un pacto si éste se refiere a «identidades» y no entra en «derechos y obligaciones». A preguntas de los periodistas en Mérida, Fernández Vara apuntó que si este acuerdo supone un reconocimiento de singularidades, realidades culturales o identidades no tiene «ningún problema», pero si marca diferencias en materia de derechos y deberes tiene «todos los problemas del mundo» y se remitió a la Declaración de Granada como el «marco en el que nos podemos mover».

Por su parte, el líder del PSOE también quiso responder a sus barones y, en un coloquio organizado por «El Mundo», destacó que la Declaración de Granada contempla la bilateralidad entre Cataluña y el Estado y animó a resolver el «problema» del conflicto catalán a través de una «solución constitucional» y no desde el «rupturismo y el inmovilismo».

El debate territorial ha sido capaz de abrir una grieta en la férrea unidad que los socialistas se afanan en escenificar de cara al 26-J. Desde los territorios críticos se entiende que los sucesivos guiños de Sánchez a Cataluña se deben a que el PSC se ha convertido en el principal bastión de poder y rearme interno del líder socialista para el escenario postelectoral. Si se mantiene un tono sosegado –Andalucía llamó a Ferraz para que se les explicara en profundidad la propuesta catalana antes de realizar ninguna declaración– es porque consideran que no es el momento de tensar la cuerda, ante la inminencia de unos comicios en los que el «sorpasso» es el principal rival a batir.