Los recortes y el despligue de la Ley de Educación de Cataluña son «ideológicos»

Los recortes en educación pública y el despliegue que ha tenido la Ley de Educación de Cataluña (LEC) por parte de la Consejería de Enseñanza que dirige Irene Rigau, entre 2011 y 2013, han sido "ideológicos", según ha afirmado en rueda de prensa el sociólogo Xavier Bonal, uno de los autores del trabajo 'La agenda de la política educativa en Catalunya' de la Fundació Jaume Bofill.

Se trata de un análisis de las opciones de gobierno (2011-2013) que ha presentado junto al coautor, Antoni Verger, y el presidente de la fundación, Ismael Palacín, quienes han concluido que la Conselleria "ha recortado más de lo que los condicionantes económicos obligaban".

"La crisis y las regulaciones estatales del déficit han impactado inevitablemente en una caída más que notable de la financiación de la educación", que ha pasado de representar el 21,1% en 2010, respecto al conjunto del gasto público, al 19,4% en 2012.

Sin embargo, el porcentaje de gasto público dedicado a centros concertados se ha visto menos afectado por los recortes: era de un 18,5% en 2010, aumentó hasta llegar el 20,8% en 2011, y volvió a descender hasta el 18,7% en 2012; además, el gasto por estudiante en el sistema público se ha reducido en 493 euros, mientras en los concertados lo ha hecho en 227 euros.

Bonal también ha apuntado que los centros con más dificultades no han estado "suficientemente protegidos ante los recortes", puesto que los ajustes no selectivos han sido superiores a los selectivos; la sexta hora no se ha mantenido en todos los centros con necesidades, y la falta de becas comedor ha impactado más en las escuelas con más complejidad del alumnado, donde estas ayudas son "fundamentales".

Las prioridades del Ejecutivo catalán también se han notado en la forma como se ha aplicado la LEC, que ha sido "claramente selectiva", al priorizarse la financiación de la formación postobligatoria, y no el reparto del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y su descentralización en zonas educativas, por ejemplo.

Ha agregado que la actuación del departamento para favorecer el éxito escolar se ha centrado en el aula pero no en el entorno educativo de los estudiantes, dado que los ayuntamientos financiados por planes educativos de entorno han pasado de ser 80 a 19 consistorios.

Han alertado del cambio de modelo en educación infantil, porque en 2010 Enseñanza financiaba con 1.875 euros cada plaza de guardería municipal -un tercio del coste, y los otros dos tercios restantes los pagaban las familias y los ayuntamientos-, y en el curso 2012-13 pasó a invertir 875 euros, lo que supone una reducción del 52%, además de que Generalitat y ayuntamientos pasaron a asumir el 25% del coste y las familias el 50%.

Ante esta situación, el informe propone una política "basada en el interés público en educación"; un plan de choque para los centros más desfavorecidos; desplegar el artículo 48 de la LEC sobre la corresponsabilidad de todos los centros en la escolarización de los alumnos con NEE; priorizar el entorno social del alumno en la lucha contra el fracaso escolar con políticas en el ámbito de las extraescolares, y garantizar una información transparente sobre el sistema educativo.

Sobre la gobernanza de los centros, Verger ha recomendado que se tenga más en cuenta la autonomía basada en proyectos pedagógicos, a través de acuerdos de corresponsabilidad, que no la autonomía entendida desde el punto de vista de la gestión, más centrada en la capacidad del director de escoger a la plantilla.