Malestar en el CGPJ por la «politización» del Tribunal Constitucional a la espera de la amnistía

La cuenta atrás hacia la ley de amnistía con la que el PSOE confía en conseguir el aval del independentismo a la investidura de Pedro Sánchez devuelve de nuevo el foco al Tribunal Constitucional (TC), que será el que deba pronunciarse sobre la sintonía de la medida de gracia con la Carta Magna ante los anunciados recursos de PP y Vox contra la iniciativa. Una recta final que la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido afronta entre reproches de «politización» y de «perdida de credibilidad» procedentes tanto de asociaciones judiciales como la Francisco de Vitoria, segunda más representativa de la carrera, como de fuentes del sector mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por LA RAZÓN, que ven con «preocupación» que el TC se haya posicionado sobre una posible renovación del órgano de gobierno de los jueces –en funciones desde hace casi cinco años– que orille al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. Lo que permitiría, en su caso, al Gobierno de Pedro Sánchez elegir en el Congreso a los doce vocales de procedencia judicial con el apoyo de sus socios de investidura siempre que se reforme la ley para rebajar la mayoría de 3/5 a una mayoría absoluta, una deriva que chocaría frontalmente con la posición al respecto de la Comisión Europea.

Fuentes del sector mayoritario del Consejo alertan de lo que consideran una «pérdida de imparcialidad del tribunal», que achacan a su «politización» y a su «posicionamiento con la coalición de gobierno». Y hacen hincapié en que ese párrafo, que tachan de «perverso» y «gratuito», choca «con lo que dijo el Tribunal Constitucional en 1986, cuando advirtió de los riesgos de politización en el nombramiento de los vocales del Consejo».

Según esas mismas fuentes, el TC «ya ha perdido su imparcialidad» al decidir sobre la reforma que retira competencias al CGPJ cuando su mandato está caducado «sin que se hayan abstenido el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que propició esa reforma, y María Luisa Segoviano, que se había quejado amargamente de esa modificación legal cuando presidía la Sala Cuarta del Tribunal Supremo».

"Se ha hecho una tormenta de un vaso de agua"

Sin embargo, fuentes de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional consultadas por este periódico rechazan esas críticas «absolutamente injustificadas» y consideran que «se ha hecho una tormenta de un vaso de agua». La ponente de la sentencia, subrayan, «se ha limitado a citar una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional» sobre los «límites constitucionales de la acción del legislador en relación con el CGPJ, sin intención alguna de referirse a ninguna supuesta reforma legislativa futura, meramente hipotética».

Según esas mismas fuentes, la frase de la discordia "se ha sacado de contexto" y «se ha retorcido para hacerla decir algo que no dice», reiterando que esa sentencia del TC de 1986 «convalidó» la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. «Prueba de que es irrelevante», añaden, es que «ninguno de los magistrados del grupo conservador, grandes juristas que intervinieron activamente» en la deliberación «la cuestionó en ningún momento ni tampoco la han criticado en su extenso voto particular».

En esa misma línea abundan otras fuentes del sector mayoritario del TC, que inciden en que «si se hubiera pedido que se retirara ese párrafo y no se hubiese hecho, en el voto particular se habría cuestionado, y no fue así». En todo caso, subrayan, «no anticipa en absoluto la posición del tribunal» sobre una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Amnistía: "Hay mucha tela que cortar"

Del mismo modo, niegan que la corte de garantías esté politizada, enmarcando las discrepancias entre magistrados en «una visión más abierta o cerrada de la Constitución, como ha sucedido con el aborto o la eutanasia». «De ahí a dar por seguro que está claro (un posible aval a la amnistía) no me atrevería a decirlo», apuntan. Respecto a la medida de gracia, se limitan a constatar que, llegado el caso, «hay dos decisiones importantes que adoptar : si cabe en la Constitución y si es así, si esa ley concreta es la que la Carta Magna permite». «Hay mucha tela que cortar», anticipan.

Sin embargo, fuentes del sector minoritario del Tribunal Constitucional explican que en el Pleno en el que la mayoría progresista avaló la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que rechazaba el recurso de Vox contra la reforma del CGPJ, sí se solicitó la retirada de algunos párrafos de la sentencia (entre ellos el que se refiere a la renovación del Consejo del Poder Judicial y al papel del Congreso y el Senado). Algo que finalmente «no se hizo». De ahí que, justifiquen, no se cuestionara en su voto particular. Sí lo harán, avisan, si se mantiene en la sentencia en la que, por aplicación de doctrina, el TC rechazará el recurso del PP contra esa misma reforma.