Manos Limpias reclama al Supremo que acumule en una macrocausa todo el "caso Koldo" y la investigación a Begoña Gómez

Manos Limpias ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que acumule en una macrocausa todo el "caso Koldo" -asumiendo la investigación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno-, la investigación a Begoña Gómez ahora en manos del juez Juan Carlos Peinado y, también, el supuesto fraude tributario en el sector de hidrocarburos en torno al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la "trama Koldo", y el "caso Delcy".

En un escrito remitido hace unas horas a la Sala Segunda del Tribunal Supremo -como ampliación a una denuncia inicial contra el presidente del Gobierno-, el sindicato solicita la imputación de Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez; del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska; de los exministros Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, y José Luis Ábalos (investigado en el alto tribunal, ante el que comparecerá este mismo jueves, por la trama de las mascarillas); del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; y del empresario Claudio Rivas, socio de Aldama y actualmente en prisión por el supuesto fraude de hidrocarburos. Respecto a todos ellos, solicita a la Sala la retirada de pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional.

El colectivo de funcionarios pone de manifiesto en esa petición -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN- que entre todas estas causas existe una "conexión objetiva y subjetiva de los delitos investigados que requiere un tratamiento conjunto bajo la jurisdicción" del Supremo -que por ahora solo investiga a Ábalos, Aldama y Koldo García por el presunto fraude en la adquisición de mascarillas en pandemia- para garantizar así "la unidad de la instrucción y el enjuiciamiento". De ahí que pida la "acumulación de las causas", para lo que amplía su querella "para incluir a los nuevos imputados relacionados con los hechos investigados".

Además, insta al TS a reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sus informes completos "que detallan la operativa de la red investigadas y los vínculos entre sus integrantes. Unas medidas cautelares que considera "necesarias para garantizar el éxito de la investigación" y evitar así una posible obstrucción a la Justicia.

Manos Limpias -aprecia la existencia de indicios de pertenencia a organización criminal "dedicada a la corrupción", tráfico de influencias, cohecho, malversación "y otros delitos conexos" (blanqueo, prevaricación, encubrimiento y desobediencia grave).

Según pone de relieve el colectivo de funcionarios que preside Miguel Bernad, Pedro Sánchez "tenía conocimiento de las operaciones fraudulentas" y participó en reuniones "para adjudicar contratos de forma irregular". Y se remite a la confesión judicial de Aldama en la Audiencia Nacional el pasado 21 de noviembre para señalar que el líder del PSOE "autorizó pagos ilícitos y agradeció personalmente a Aldama su colaboración en eventos del PSOE".

En cuanto a Begoña Gómez, afirma que "utilizó su posición para firmar convenios con empresas y fondos de inversión internacionales que beneficiaron sus intereses personales". Y recuerda que "registró la marca TSC con recursos de la UCM" (Universidad Complutense de Madrid), "lo que constituye malversación" (un delito que no le atribuye el juez Peinado, que le investiga por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida).

Respecto al ministro del Interior, la denuncia mantiene que Grande-Marlaska "facilitó la entrada" de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas "en violación de sanciones de la Unión Europea, y gestionó adjudicaciones irregulares para beneficiar a su entorno".

También señala al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, de quien dice que recibió 250.000 euros en comisiones "por adjudicaciones infladas durante la pandemia" y "se benefició del uso de un chalet" en la urbanización de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), propiedad de Aldama.

En esa relación también incluye a Teresa Ribera porque considera que la exministra "facilitó contratos vinculados a la transición ecológica, beneficiando a empresas específicas en perjuicio del interés público".

De Santos Cerdán, afirma que "recibió pagos en efectivo por adjudicar contratos a favor de la red investigada", en relación a la denuncia de Aldama de que cobró 15.000 euros en efectivo en un sobre, algo que el secretario de Organización del PSOE ha negado y que le ha acarreado al empresario una denuncia en bloque de los dirigentes y ministros socialistas señalados por el comisionista en su confesión judicial.

Por último, en cuanto al empresario Claudio Rivas sostiene que "participó en operaciones fraudulentas vinculadas al sector de hidrocarburos y blanqueó capitales para financiar actividades ilícitas".

El colectivo de funcionarios pide al Supremo que le ratifique como acusación popular "fijando la fianza correspondiente".