Marlaska, de nuevo en los tribunales tras ser denunciado por "enchufismo" en las embajadas

No es un secreto que los puestos en las embajadas son un un reclamo para muchos policías nacionales. No sólo por el prestigio que conllevan sino por su rentabilidad. Y es que al sueldo que perciben los agentes destinados en el extranjero hay que sumarle las dietas y los complementos por desplazamiento. Por ello, no es de extrañar que denuncien las artimañas y manipulación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en este proceso de selección.

"Ha vuelto a recurrir al enchufismo en la adjudicación de puestos para el nuevo curso de embajadas destinado a las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y las Unidades de Intervención Policial (UIP)", señalan desde el sindicato Justicia Policial (JUPOL). Porque no es la primera vez que incurre en esto de "colocar a dedo" a gente afín o recomendada. En diciembre de 2022, la Audiencia Nacional anuló la asignación de cuatro comisarios para las embajadas de Bogotá, La Habana, México y Moscú, argumentando "falta de motivación de los nombramientos" impuestos por Marlaska. En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que el titular de Interior no ofrecía "elemento explicativo alguno de la razón por la que prefirió a los candidatos elegidos", en lugar de a otros.

La historia se repite, como apuntan desde este sindicato, ya que el actual proceso se ha llevado a cabo "sin ninguna trasparencia y sin respetar los principios de publicidad, mérito, capacidad y antigüedad", como exige la normativa vigente. Para ser exactos, la Dirección General de la Policía (DGP) habría ignorado el reglamento de provisión de puestos de trabajo (RD 997/1989), que establece que "las convocatorias deben ser públicas" y especificar los criterios de selección para garantizar que todos los que opten a una de esas plazas tengan las mismas oportunidades.

Puestos "a dedo" y "amiguismo"

Sin embargo, tal y como apuntan desde JUPOL, "en su lugar, se ha optado por la libre designación, un método arbitrario que favorece el amiguismo y perjudica a los funcionarios más cualificados". Por ello, ante lo que denominan un proceso "opaco y arbitrario", este sindicato policial ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha sido admitido a trámite. En su escrito, solicitan que "se paralice inmediatamente este proceso irregular y se convoquen los puestos de manera transparente, garantizando los derechos de todos los agentes".

En este sentido, reclaman también que se lleve a cabo una publicación detallada de las convocatorias, con especial énfasis en "los criterios de selección", aplicando de manera "inexcusable" la normativa vigente. Porque, a su juicio, no estamos ante un problema puntual. Acusan a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior de utilizar "la asignación de destinos en embajadas" como prebenda para "tejer redes clientelares con determinadas organizaciones sindicales dentro del Cuerpo.

Las artimañas de Marlaska

En noviembre del año pasado, Grande-Marlaska no tuvo reparo alguno en utilizar el Real Decreto de ayudas por la DANA para evitar la jubilación forzosa del comisario José Angel González, un alto cargo de su confianza dentro de la Policía Nacional. En concreto, el Ejecutivo incluyó la modificación de la ley orgánica que afectaba a la jubilación de los agentes a los 65 años y la "retorció" para que "la persona titular de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional (DAO) pueda permanecer en la situación de servicio activo mientras ostente dicho cargo". O lo que es lo mismo, hasta que el titular de Interior decida su cese.

La disposición final quinta, publicada ese 12 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), modificaba el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional, con el objetivo de retrasar la jubilación de uno de los hombres de confianza del ministro, José Ángel González, al igual que hizo en el pasado con el DAO de la Guardia Civil.

Una "jubilación premium" que indignó a los agentes que, día sí y día también, ven cómo el Ejecutivo rechaza reformar la legislación vigente en pro de una jubilación digna de todos los policías nacionales. Y, sin embargo, buscó hasta la saciedad fórmulas para mantener al Director Adjunto Operativo en su puesto, más allá de la edad de jubilación. A su juicio, es evidente "la falta de voluntad de este Gobierno", que sólo se vuelca con su personal de confianza dejando tirados a los agentes.