Los escándalos recientes sobre títulos falsos, másteres inexistentes o trayectorias infladas han puesto en evidencia un problema estructural de la política española: los criterios por los que los partidos eligen a quienes deben representarnos o gestionar lo público. Esta no es una cuestión solo ética, sino institucional, porque hoy muchos cargos no se seleccionan por mérito, preparación o trayectoria pública, sino por su lealtad ciega al líder. Y esto, inevitablemente, degrada el sistema.

"El fenómeno tiene nombre: mediocracia partidista. No asciende el mejor, sino el más servicial. No prospera quien propone, sino quien obedece", asegura un ex ministro del gobierno de la mayoría absoluta de Aznar. El resultado es "un ecosistema clientelar" donde, en lugar de buscar gestores solventes, "se premia a los aduladores eficaces", reflexiona, en este caso, un ex alto cargo socialista de la etapa de Felipe González. Atendiendo a ello, la conclusión es que la política se convierte en un círculo endogámico con altos niveles de incompetencia y con una bajísima exigencia.

Cuando dejan de estar en política, quienes han ocupado la primera línea y han llenado de titulares páginas de los principales medios, ven los problemas con más claridad, militen en el partido en el que militen, como ha comprobado LA RAZÓN con conversaciones cruzadas. Hay consenso, en la órbita socialista y en la popular, sobre la falta de profesionalización del acceso a cargos intermedios, especialmente en gabinetes, direcciones generales o empresas públicas. Ayuda a ello que la opacidad es la norma, no hay criterios técnicos ni convocatorias públicas. Tampoco fiscalizaciones independientes, sino solo designaciones directas. En esta línea apunta, justamente, uno de los reproches que hace al Gobierno de España el último informe GRECO, conocido ayer. Y que no deja en muy buen lugar a Pedro Sánchez en sus políticas contra la corrupción.

Además, el otro grave déficit reconocido por quienes ya no están en primera línea es la "ausencia de filtros internos en los partidos políticos", que actúan como carteles cerrados, sin primarias reales, sin auditorías de integridad y sin órganos de control independientes. No hay cultura del mérito ni exigencia curricular. "Y cuando se destapa un fraude, hemos entrado ya en la fase de creer que basta con ofrecer una cabeza, sin cambiar nada más", señala un exministro socialista de Defensa.

Soluciones hay, se conocen dentro de los partidos, y las apuntan juristas de manera bastante clara. ¿Algún partido se va a atrever a establecer auditorías externas de CV y titulaciones para todos los cargos designados para el Ejecutivo o para instituciones públicas? ¿Por qué no se establecen mecanismos internos obligatorios de evaluación de competencias, gestionados por comités independientes de cada ejecutiva? ¿O por qué no se impulsa una reforma legal para profesionalizar cargos intermedios, con convocatorias públicas y comités técnicos de selección en todos los niveles de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes?

Avanzar por el camino de esas reformas supondría romper con el "servilismo vertical", admite un presidente autonómico en ejercicio, y, bajo el anonimato de la fuente, apostilla, con ironía: "No podemos permitirnos avanzar por ahí porque entonces el talento se impondría sobre el que tiene el poder". En todas las formaciones se ha extendido el miedo a que les pillen en algún renuncio, y han dado instrucciones a parlamentarios y a sus cargos de que actualicen sus currículums con celeridad en todas las webs en las que figuren, ante la caza de brujas de la que participan todas las organizaciones políticas para ver si pillan más mentirosos en el adversario de los que ellos tienen en sus propias filas.

Esto quiere decir que es posible que, ante la nueva presión, más de uno se lo piense mucho antes de inflar sus conocimientos académicos, en un gesto que, a la larga, ayudará, si se mantiene en el tiempo, a corregir la normalización de la mentira como estrategia. Pero los mismos ex altos cargos consultados, y que están ya de vuelta de todo, sean socialistas o populares, coinciden, cada uno en sus propias palabras, en que la meritocracia como tal, en el sentido más estricto, no será nunca el criterio de ascenso en los partidos. Porque, como dijo la ministra y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant, lo que importa es la hoja de servicios.