Moncloa hace una nueva cesión a Junts para sortear la cuestión de confianza

El tiempo se acababa. Este martes el Congreso de los Diputados tenía previsto debatir la proposición no de ley (PNL) promovida por Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiera a una cuestión de confianza. A escasas horas de que se llegara a este "deadline", ambas partes buscaban una pista de aterrizaje que permitiera evitar el choque total y esto pasaría por dar incentivos a los de Carles Puigdemont para que acabaran retirando la iniciativa, de modo que no terminasen visualizando una pinza con PP y Vox contra el Ejecutivo. Finalmente, la Ejecutiva de Junts ha decidido dar marcha atrás para dar más margen a la negociación y la consecución de los acuerdos.

Los contactos se habían intensificado y las delegaciones de PSOE y Junts se reunieron en Suiza el pasado viernes. Se trata del encuentro mensual que mantienen ambos partidos, pero se produjo en un clima de mayor entendimiento y con las negociaciones sobre la cesión de las competencias en inmigración "muy avanzadas". En Moncloa existía cierto optimismo, aunque extremaran la prudencia, a la espera de que Jordi Turull oficializase la decisión que se ha tomado tras la reunión que ha mantenido la cúpula de Junts para calibrar sus próximos movimientos. Una vez se hizo público que retiraban la cuestión de confianza en el PSOE respiraron aliviados: "Todo avanza".

Los juntaires llegaban a esta cita con el comunicado, emitido ayer por parte del mediador, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, en el que pedía al partido de Puigdemont que valore retirar su proposición no de ley, porque de lo contrario podría quebrarse la relación entre las dos formaciones. Por su parte, el Gobierno también apretaba en las cuestiones que son de su competencia y hará una nueva cesión a sus socios para tratar de facilitar este paso atrás. El Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la firma 'ad referendum' del Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite a los altos tribunales españoles solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que emita opiniones consultivas sobre la interpretación de leyes en nuestro país.

Así lo confirman fuentes del Gobierno que remarcan que la iniciativa se produce "fruto de un acuerdo con Junts". La medida permitirá solicitar opiniones consultivas de asuntos que estén en trámite ante la jurisdicción nacional. Eso sí, el TEDH dispondría de la facultad discrecional de aceptar o no tal solicitud y, en el caso de admitir la propuesta, las opiniones consultivas, que deberán ser emitidas por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, serán motivadas y no vinculantes. El protocolo entró en vigor el 1 de agosto de 2018 tras su ratificación por diez Estados. En la actualidad son 24 los países miembro del Consejo de Europa que lo han ratificado, a los que se suma ahora España.