El PSOE también tiene un exministro vinculado al sector del lobby: José Blanco. El «caso Montoro» ha amplificado la repercusión de esta actividad que, por su propia naturaleza, tiene estrechos lazos con la Administración y con los políticos que desempeñan en ella, puesto que busca influir en los procesos legislativos que afectan a cualquier sector. Pero Moncloa reniega ahora del exministro de Fomento, socio y fundador de Acento -una firma de consultoría especializada en asuntos públicos-, en plena crisis del lobby por las maniobras de Equipo Económico, la firma vinculada a Cristóbal Montoro.

Las fuentes consultadas en el núcleo duro el Ejecutivo niegan que José Blanco tenga influencia alguna dentro pese a que José Luis Ábalos le atribuyó en su declaración en el Tribunal Supremo, ante el magistrado Leopoldo Puente, una intermediación para recomendar el fichaje de Isabel Pardo de Vera como responsable de Adif, que fue finalmente la elgida. «Su influencia en Moncloa es igual a cero. Y en los ministerios es similar», explica a este diario un alto cargo gubernamental. En el Consejo de Ministros también minusvaloran la capacidad del exministro socialista de influir en el Gobierno: «Pepe Blanco es un aficionado comparado con Montoro», explica un ministro. Pero lo cierto es que el Gobierno es incapaz de desligarse de Blanco, entre otras cosas, porque fue el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien firmó en en enero el el anteproyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

Lo llamativo es que fuera López quien la presentara, porque su relación con Pepe Blanco se remonta años atrás. El también líder del Partido Socialista en Madrid es junto al propio presidente, Pedro Sánchez, y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando, uno de los conocidos como «los chicos de Blanco».

Los tres llegaron a la dirección del PSOE en el 2000 de su mano y trabajaron en todas las campañas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres son viejos amigos, aunque en política la amistad se ponga en pausa a conveniencia. El líder socialista, desde la tranquilidad que da el poder, se encargó de coser a los suyos en la gran crisis de Gobierno del verano de 2021, cuando sacó al ex todo poderoso Iván Redondo de su gabinete y llevó a Presidencia a Óscar López. Dos meses después repescó a Hernando.

De hecho, que Hernando fuera elegido por López como su número dos en la última remodelación del Ejecutivo y se lo llevara al Ministerio para la Transformación Digital levantó no pocos recelos en el PSOE, porque implicaba situar a dos hombres cercanos a Blanco en el quid de las regulaciones de las televisiones en plena ofensiva mediática del Ejecutivo. En cualquier caso, en el Gobierno admiten que de aprobarse la regulación de los grupos de interés, Blanco levantará la ceja con total seguridad. Pero parece no importarles. Una de las obsesiones del PSOE ahora es que no le estalle un caso similar con Blanco.

España sigue sin tener regulada la actividad de los profesionales del lobby. Y la Comisión Europea sigue atizando al país por ello, porque en Bruselas campan miles de ellos con total naturalidad y se reúnen con los eurodiputados de forma transparente. La Comisión Europea, en su último informe sobre el Estado de Derecho reclama que el país «continúe el procedimiento en curso para aprobar una legislación sobre los lobbies, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas».

El anteproyecto de ley, que fue directo al Congreso desde el Consejo de Ministros -aprobado en segunda vuelta-, se perdió en el trámite legislativo. En estos momentos se encuentra en fase de enmiendas tras superar el debate de totalidad. Pero este lunes el PSOE prometió «impulsarlo a la vuelta de las vacaciones, es decir, continuar todo el proceso: ponencia, comisión y finalmente decidir si se aprueba ahí o se eleva a Pleno, que todo indica que será donde arribe, porque los socialistas creen haber encontrado en el «caso Montoro» una tabla de salvación para protegerse de sus propios escándalos.

La portavoz del partido, Montse Mínguez, salió ayer a calificar el «caso Montoro» como el más grave de España. Pero no todos en el partido comparten la estrategia. Algunos socialistas admiten en privado que «lanzarse basura» con el PP no beneficia a ninguno de los dos. «En el juego del empate, gana Vox, porque nos embarra», explica una fuente socialista.