Monedero no podía cobrar más de 123.077 euros por su asesoría bolivariana

No es sólo que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tenga abierto un proceso de «información reservada» sobre el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, por sus labores de consultoría ajenas a su actividad docente, por las que percibió 425.000 euros en 2013.

No es sólo que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tenga abierto un proceso de «información reservada» sobre el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, por sus labores de consultoría ajenas a su actividad docente, por las que percibió 425.000 euros en 2013. El cofundador de la formación debía haber solicitado permiso a la Universidad antes de realizar esos trabajos externos, tal y como recoge el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Pero, además, debía haber cumplido una serie de requisitos que establece la Complutense antes de autorizar esos contratos ajenos a la misma, entre los que figura una «declaración responsable» relativa a la retribución del docente por la ejecución de los contratos que no puede superar en 2015 los 123.077,10 euros.

Esta declaración, válida para todo tipo de contratos externos, incluido el de consultoría y asesoría y que debía haber firmado Monedero, estipula que «la cantidad recibida por la ejecución de la investigación comprometida en el contrato de prestación de servicios/ de asistencia técnica/ de investigación, sumada a cualquier otra devengada hasta el momento durante el año con cargo a contratos por trabajos o cursos regulados por el artículo 83 de la LOU y sus normas de desarrollo, no excederá de la cantidad establecida en el artículo 5ª.b del Real Decreto 1930/1984, en la redacción dada por el Real Decreto 1450/1989, de 24 de noviembre».

Esta cantidad, según recoge el anexo V sobre el Reglamento de contratación de trabajos específicos, se calcula por el Servicio de Coordinación, Nóminas y Seguros Sociales de la UCM, y puede variar de año a año, puesto que depende del salario que corresponda a la máxima categoría docente anual a tiempo completo por todos los conceptos retributivos. En concreto, dicha cifra «no podrá exceder del resultado de incrementar en el 50% la retribución anual que pudiera corresponder a la máxima categoría docente-académica en régimen de tiempo completo», según el Real Decreto 1450/1989. Este diario no ha podido confirmar la cifra estipulada en 2013, pero fuentes de la Universidad Complutense explican que «es muy posible que sea la misma o, en todo caso, haya variado muy poco de la actual».

Al margen de esta «declaración responsable», los estatutos de la UCM fijan las condiciones de contratación para una colaboración externa como es el caso de la que hizo Juan Carlos Monedero para gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y entre ellos, también figura un «compromiso de entregar a la finalización del contrato una copia del informe final», así como la comunicación de la finalización de los trabajos y los posibles retrasos o incidencias que surjan en la ejecución de los mismos (según recoge el anexo III). Además, en los contratos derivados del art. 83 de la LOU, se establece la obligatoriedad de presentar un «presupuesto de distribución de recursos».

Expediente sancionador

El colectivo de funcionarios Manos Limpias que preside Miguel Bernad denunció ayer ante el Servicio de Inspección de la Universidad Complutense la presunta vulneración de la Ley de Incompatibilidades por parte de Juan Carlos Monedero. En su escrito, Manos Limpias pide «incoar el correspondiente expediente sancionador por falta muy grave» y la «suspensión cautelar de sus funciones» al considerar que Monedero efectuó «una actividad ajena a su cargo» y «sin autorización de los máximos responsables de la Universidad».

Se trata de la primera denuncia contra Monedero en el marco de la Universidad por este asunto, que se suma a la que presentó en la Agencia Tributaria el empresario Enrique Riobóo el pasado viernes. Para Manos Limpias, Monedero «simula un negocio de una empresa que no existía, pero fue la que los facturó tres años después». Se trata de Caja de Resistencia Motiva 2, «controlada al 100% por él mismo y que carece de trabajadores y de accionistas», con la que el cofundador de Podemos «tributa fraudulentamente por el impuesto de Sociedades en lugar del IRPF, defraudando alrededor de 100.000 euros por distintos tipos impositivos». Manos Limpias considera como «falta muy grave» estos hechos, sancionados con separación del servicio y suspensión de funciones de 3 a 6 años.