La Fiscalía Anticorrupción ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -que instruye el "caso Koldo" al margen de la investigación en el Tribunal Supremo (TS) en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos- que el análisis de los 169 dispositivos intervenidos en los 26 registros practicados en febrero del pasado año por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está siendo "muy laborioso" y exige "gran dedicación" a los agentes.

Así lo pone de manifiesto en el escrito remitido al instructor -adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico- solicitando la prórroga de la investigación, en el que también sustenta la ampliación del plazo en que el examen de esos teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento acarreará "muy seguramente" nuevas imputaciones.

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor traslada al juez que esos dispositivos "continúan siendo examinados para su posterior informe" al instructor y prevé que, como ha sucedido con antelación y dada su "indudable importancia para la investigación", su contenido derive en "nuevas diligencias a practicar".

Por todo ello, considera "razonable" prorrogar seis meses más la investigación. La primera prórroga se acordó en septiembre del pasado año y el 27 de febrero se acordó la anterior, que vencía en estas fechas.

El "expurgo" de los dispositivos

Por otra parte, la acusación popular se ha opuesto al recurso de la defensa de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, su hermano Joseba y su exmujer Patricia Uriz, que reclaman al juez que le devuelva los dispositivos intervenidos en esos registros y apremiaba además al instructor a delimitar el ámbito temporal de la investigación.

En su impugnación, el abogado del PP (que aglutina al resto de acusaciones populares) defiende que la negativa del juez Moreno a devolverles esos dispositivos es una decisión "plenamente ajustada a Derecho.

La defensa de los investigados instó al magistrado "expurgar" esos dispositivos de datos ajenos a la investigación, algo que ve necesario para para preservar su intimidad y evitar mayores daños "reputacionales". Asimismo, se quejaba de que "la falta de una delimitación expresa y clara del ámbito temporal abarcado por la presente investigación puede generar indefensión".

Pero Moreno replicó que el ámbito temporal del procedimiento "viene delimitado por

las distintas resoluciones dictadas a lo largo de esta instrucción" y precisó que de la mera lectura de las resoluciones dictadas desde entonces acordando la práctica de diligencias "se obtiene tanto el ámbito temporal como el objeto de la investigación".

PP: "Petición prematura"

Y en cuanto al expurgo de los dispositivos para acelerar su devolución a los investigados, la acusación sostiene que se trata de "una petición prematura, improcedente en este momento procesal, en tanto todavía están pendientes de práctica determinadas diligencias de investigación que afectan a dichos dispositivos electrónicos y a su contenido".

Entre ellas, recuerda, el análisis pericial que busca determinar "si las conversaciones fueron grabadas directamente en los referidos terminales o si pudieran proceder de otros archivos de audio después grabados en aquéllos".

En consecuencia, defiende que "resulta palmario que no procede" la devolución de esos dispositivos previo expurgo de su contenido, en el bien entendido de que -subraya- una vez practicadas las diligencias de análisis pendientes "solo permanecerá en la causa aquello que resulte de interés para la misma".