Navarro, Marlaska y Colmenero, en la terna para sustituir a Maza en la Fiscalía General

El actual presidente de la Audiencia Nacional sería visto con buenos ojos por el PSOE y el vocal del CGPJ ya sonó con fuerza como sustituto de Madrigal al frente de la Fiscalía.

El inesperado fallecimiento de José Manuel Maza obliga al Gobierno a poner el marcha el mecanismo legal para la designación de un nuevo fiscal general del Estado, un puesto que hasta ese momento ejerce el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Y aunque todavía es prematuro aventurar posibles candidatos, según las fuentes consultadas hay una terna que parte con ventaja a la hora de optar a ese puesto: José Manuel Navarro, presidente de la Audiencia Nacional; Fernando Grande-Marlaska, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Miguel Colmenero.

Según esas mismas fuentes, Navarro (Santa Cruz de Tenerife, 1959), presidente de la Audiencia Nacional desde abril de 2014 y miembro de la asociación judicial Francisco de Vitoria, podría aglutinar el consenso que busca el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el perfil del nuevo fiscal general del Estado. Un consenso que, recuerdan fuentes jurídicas, «ni PP ni PSOE han buscado nunca para la elección del cargo». En esta ocasión, sin embargo, la respuesta del Estado de Derecho al desafío independentista en Cataluña aconseja cerrar filas en torno a la figura del sucesor de Maza al frente del Ministerio Público.

Grande-Marlaska (Bilbao, 1962), cuyo nombre también sonó con fuerza para sustituir a Consuelo Madrigal en noviembre del pasado año, vuelve a figurar ahora entre los candidatos a hacerse con las riendas de la Fiscalía General del Estado. La designación de Grande-Marlaska, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (donde coincidió precisamente con Navarro) y que no está adscrito a ninguna asociación judicial, también podría poner de acuerdo a PP y PSOE.

El otro nombre que apuntan las fuentes consultadas, Miguel Colmenero (1951), es un magistrado conservador de mucho prestigio en el Tribunal Supremo, donde disputó la presidencia de la Sala Penal a Manuel Marchena. Fiscal de carrera desde 1976, es magistrado del Tribunal Supremo desde el año 2002. Ex portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, su elección sí podría generar el rechazo socialista.

Navarro –que sustituyó en la presidencia de la Audiencia Nacional a Ángel Juanes, actual vicepresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ– estuvo destinado, en sus primeros pasos de carrera judicial (a la que accedió en 1991 por el turno de juristas de reconocido prestigio tras ejercer la abogacía), en los juzgados de San Vicente del Raspeig (Alicante), Icod de los Vinos y La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). También ejerció en los de Manresa (Barcelona) y la capital tinerfeña y desde 2004 presidió la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ocho años después, el Consejo del Poder Judicial lo nombró presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cargo del que tomó posesión en 2013. Un año más tarde, en abril de 2014, el Pleno del CGPJ lo nombró presidente de la Audiencia Nacional, cargo que todavía ostenta.

En cuanto a Grande-Marlaska –quien desde el pasado abril es miembro de la Comisión Permanente del CGPJ, el «núcleo duro» del órgano de gobierno de los jueces–, llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) en 2003 tras pasar por los juzgados de Santoña (Cantabria) y su Bilbao natal y por la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde presidió la Sección Sexta de lo Penal. En el año 2004 se hizo cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde sustituyó a Baltasar Garzón (al que se le había concedido una licencia por estudios en Nueva York). Fue su decisión de enviar a prisión a Arnaldo Otegi lo que le convirtió en un juez mediático, aunque él siempre ha huido de la etiqueta de «juez estrella». Tras su paso por el juzgado de instrucción, se incorporó a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, tras un fallido intento de ser elegido vocal del CGPJ, asumió el Juzgado de Instrucción número 3 de este tribunal en sustitución de la magistrada Teresa Palacios. Allí instruyó, entre otros, el «caso Yak-42».

En febrero de 2012 fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal, sustituyendo en el cargo a Javier Gómez Bermúdez. En noviembre del año siguiente fue designado finalmente vocal del CGPJ, cargo que compaginó con la presidencia de la Sala Penal, puesto para el que el pasado mayo resultó elegida la magistrada Concepción Espejel.

El artículo 29,1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado «será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión».

Una vez recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no es vinculante, el Gobierno «comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la Comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto».

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado «prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo».

La función del CGPJ, por tanto, es la de corroborar que el candidato propuesto por el Ejecutivo reúne esas dos condiciones: jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional a sus espaldas. Pero, en todo caso, la opinión del órgano de gobierno de los jueces no vincula al Gobierno, que tiene las manos libres para designar al fiscal general.