El 19 de noviembre es la fecha límite que tiene el Partido Popular para designar a la persona que irá a la investidura en la Comunidad Valenciana tras la renuncia de Carlos Mazón. Una vez más, cae la arena por el reloj en un compás incierto, porque la alternativa electoral todavía no se puede descartar. No del todo. Hasta que se rubrique la sucesión, no se cantará victoria.

En este tiempo de descuento, Vox exige un nombre para darle a conocer, en primera persona, cuáles son las exigencias que debe asumir si quiere contar con sus votos. La llamada entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal supuso el punto de partida de los contactos, pero ninguna de las dos partes ha querido aclarar si el viernes de la semana pasada se produjo algún encuentro en Valencia.

Aunque la imagen que trasladan al exterior es la de una negociación a pasito lento, y casi a regañadientes, las posturas no están tan lejos. El PP no quiere ir a elecciones y Vox, que alardea de no tenerle miedo a las urnas, prefiere seguir con la legislatura. Porque un adelanto, lo saben los dos partidos, entraña un alto riesgo.

Lo reconoce una persona de la máxima confianza de Feijóo. «¿Y si resulta que vamos a elecciones, la izquierda se moviliza como nunca antes y tenemos a Diana Morant de presidenta de la Generalitat? Vox se lo tendría que explicar a sus votantes, en Extremadura y en toda España». Es cierto que todos los sondeos proyectan a Vox en su mejor marca histórica en la región, pero con Mazón al frente de la comunidad y en una situación de estabilidad. Está por ver si el forzar un adelanto no le pasaría factura. Y sobre todo, teniendo en cuenta que sería para materializar una subida que, en la práctica, no cambiaría nada o para darle una oportunidad a la izquierda.

Por eso, en el PP se muestran convencidos de que Vox evitará las elecciones. Ahora, también tienen claro que tensará la cuerda y que algún peaje habrá que pagar. En ello están: en medir el desembolso. La expectativa es que el acuerdo consista en una suerte de escenificación en la que el próximo presidente –el preferido sigue siendo Juanfran Pérez Llorca, número dos de la formación–, asuma algunas de las líneas programáticas fundacionales de Vox: en contra del «pacto verde» europeo, de la «inmigración masiva», de la lengua, de los sindicatos.

A pesar de que en Génova, donde supervisan cada paso, se niegan a mencionar líneas rojas, sí que las hay. Porque saben que tocar algunas teclas puede tener un efecto letal. No cabe mayor ejemplo que la hemeroteca de la propia Comunidad Valenciana. Que se lo cuenten a Feijóo. Aquel documento que llevó a Mazón al poder, en plena carrera para las generales de julio, marcó el fin del letargo de la feligresía «progresista».

Ahora, con la proximidad de las extremeñas de diciembre, en una tierra templada donde ha predominado la hegemonía socialista, el PP no quiere repetir errores y la intención es que el acuerdo valenciano soslaye la violencia de género, el verdadero revitalizante de la izquierda. Distintas fuentes populares consultadas por este diario aseguran que endurecer el discurso contra la inmigración o contra las políticas climáticas no supone un coste tan elevado como plegarse a los postulados de Vox en el terreno feminista.

Es más, revisados los últimos acuerdos presupuestarios que han sellado ambos partidos, en ninguno hay alusión al concepto de violencia intrafamiliar, que Vox abandera para rebatir la violencia machista. Desde la ruptura de los gobiernos autonómicos en verano de 2024, tres han sido las comunidades que han logrado sacar adelante sus cuentas públicas cobro de Vox mediante. Estas son: la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares.

Las líneas han venido a ser casi siempre las mismas: vaciar subvenciones a sindicatos, pruebas de edad a menores inmigrantes, declaraciones en contra del pacto verde. Cesiones asumibles por los populares, que minimizan el impacto. «No hay mucha diferencia entre lo que dice Feijóo sobre inmigración y lo que han tenido que decir sus barones para pactar con Vox», explican fuentes de la formación. Además, que según la demoscopia que maneja Génova, el público de izquierdas, en determinadas zonas, no es que disienta del discurso contrario a la inmigración o las políticas climáticas, sino que lo comparte.

Ayer, en las cortes valencianas, por primera vez, compareció el que suena como favorito para suceder a Mazón: el secretario general del PP valenciano. «A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato, pero entiendan que en este tipo de negociaciones la discreción es importante», declaró Pérez Llorca en una comparecencia repleta de confusión e interrogantes sin resolver. Entretanto, el portavoz de Vox, José María Llanos, apremió a los populares a desvelar la persona elegida para la investidura: «Estamos en contacto con el Partido Popular, pero no hay negociación hasta que nos presenten un candidato».

Y eso que Vox, desde el principio, ha insistido en que lo de menos son los nombres y lo de más las políticas. En realidad, el candidato es importante porque, como avanzó este diario, el PP no quiere firmar un nuevo acuerdo. Lo que pretende es que el próximo presidente contente a Vox con una suerte de discurso solemne, en el que reafirme lo ya pactado.