El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que condene a una pena de cuatro años de prisión por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la difusión de datos reservados sobre la investigación por fraude tributario de la que es objeto. Algo que supuso, se queja, "la eliminación en canal y definitiva de la confidencialidad de las conversaciones" entre la Fiscalía y un abogado en el marco de las negociaciones para un acuerdo de conformidad.

González Amador, que ejerce la acusación particular como perjudicado, reclama asimismo una pena de tres años de prisión para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien considera cooperadora necesaria de la filtración el 13 de marzo del pasado año del correo del 2 de febrero de ese mismo año en el que la defensa del empresario admitía los dos delitos fiscales que se le imputan y se mostraba dispuesto a cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

El novio de Ayuso quiere asimismo que el Supremo condene al fiscal general y a la fiscal jefe de Madrid a pagarle 300.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

La acusación particular solicita además que se imponga a García Ortiz una multa de 108.000 euros (recuerda que su sueldo en 2023 fue de 133.525 euros anuales repartidos en doce mensualidades de 11.127 euros) y que se le suspenda de empleo y sueldo durante tres años y que se inhabilite para ejercer el cargo de fiscal general del Estado.

En cuanto a Pilar Rodríguez, pide para ella una multa de 33.000 euros y que se le suspenda dos años de empleo y sueldo, inhabilitándola para como fiscal jefe provincial de Madrid.

Respecto a la petición de 300.000 euros de indemnización por perjuicios morales, pone de manifiesto las "consecuencias de los hechos delictivos protagonizados por los acusados" han sido un "incesante daño en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor" de González Amador "de imposible restitución", generando "daños irreparables" y "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles".

Infringieron "el más elemental de sus deberes"

Desde el 14 de marzo del pasado año, enfatiza su representación letrada, no ha pasado un solo día en que "algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso" al empresario. Algo que, recalca, "es fruto y resultado de la actividad delictiva desplegada por la máxima autoridad del Ministerio Fiscal del Estado con la esencial colaboración de la máxima autoridad provincial de Madrid del Ministerio Fiscal".

"Despreciando toda la normativa que regula su actividad y violando el primero y más elemental de sus deberes", argumenta en referencia al "deber de secreto y reserva" para que cualquier procedimiento penal "pueda completarse con los elementos que lo configuran como justo", la acusación particular pone de relieve que los daños a González Amador se han "multiplicado" por ser "la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid" y por el objetivo de la revelación de esos datos, "construir y ganar un relato político".

Un año y tres meses después de la filtración, expone, "la intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación" que atribuye a los dos acusados "ha sido continua" y "directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la Justicia en causas judiciales que le afectan (incluida esta)".

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez-Ramos, subraya que los "padecimientos personales" por la filtración se proyectan "de forma irreversible" sobre la intimidad de González Amador y su presunción de inocencia, por el "uso político" de la revelación pública de esos datos por "miembros de partidos políticos rivales del de su pareja, desde el presidente del Gobierno de España hasta cualquier otro".

Pero también ha provocado, continúa la acusación, consecuencias profesionales como "la pérdida de contratos" y la posibilidad de afrontar nuevos negocios. Y también han alcanzado, añade, a su entorno familiar, en particular a "los menores de edad que forman parte de ese entorno".