Política

Persecución al no separatista

Sociedad Civil Catalana presenta un informe en el que denuncia el acoso de la Generalitat y los nacionalistas a los que no quieren romper con España

Bosch, en el centro, junto a (de izqda. a dcha.) José Domingo, Mª Isabel Fernández, Rafael Arenas y Francesc Moreno
Bosch, en el centro, junto a (de izqda. a dcha.) José Domingo, Mª Isabel Fernández, Rafael Arenas y Francesc Moreno

Sociedad Civil Catalana presenta un informe en el que denuncia el acoso de la Generalitat y los nacionalistas a los que no quieren romper con España

Sociedad Civil Catalana presentó ayer en el Ateneo de Madrid su segundo informe en el que advierte de los déficits democráticos en Cataluña. La asociación que preside Josep Ramón Bosch no sólo evidencia estas carencias democráticas, sino que denuncia el eclipse que el proceso separatista causa a problemas sociales como el desempleo o la pobreza infantil.

Bosch expresó su preocupación por los resultados del CIS, que vaticina que la suma de Juntos por el Sí y la CUP alcanzaría la mayoría. Hizo un llamamiento para que los no separatistas acudan el 27-S a votar. «No es tarde para nada. Es una batalla a largo plazo y las primera víctimas somos los catalanes», reivindicó el vocal Francesc Moreno.

Debilitamiento de la seguridad jurídica

Rafael Arenas, vocal de la asociación, explicó cómo las administraciones públicas catalanas utilizan el poder que les confiere la Constitución para «planificar la ruptura del Estado español y la creación de una nueva entidad estatal». Así, por ejemplo, en 2013 la Generalitat creó el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un órgano que depende del Departamento de la Presidencia y que asesora en el proceso de la independencia. «La Generalitat trabaja de forma desleal y contraria al interés general de España, actúa como administración independiente».

Limitación de los derechos de las personas

El informe también pone de manifiesto numerosas y continuadas vulneraciones al Estado de Derecho, así como desobediencias al Tribunal Constitucional, al Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. Rafael Arenas recordó el conflicto que supuso la pseudoconsulta del pasado 9-N para numerosos funcionarios catalanes, que se veían en la tesitura de tener que acatar órdenes provenientes del poder público contrarias al ordenamiento jurídico. Cabe recordar el «uso ilegítimo» que la Generalitat hizo de los datos confidenciales de los ciudadanos para elaborar el censo y enviar propaganda a sus domicilios.

Adoctrinamiento nacionalista en las aulas

Se hace una instrumentalización de la lengua que produce el incumplimiento del modelo legal de conjunción lingüística, dándose tres horas de castellano a la semana frente a 19 en catalán. Los menores de edad que se están formando conviven con «esteladas» en las aulas, mientras que la palabra «España» es la gran ausente de sus libros de texto, que en la mayoría de los casos es sustituida por «Estado», denunció José Domingo.

Medios de comunicación

Están sometidos a las denominadas «políticas de comunicación para la construcción nacional», una herramienta orientada a la articulación de un espacio catalán. Este tipo de políticas ponen a los medios bajo el control gubernamental, que no pueden trabajar con independencia. Así, se favorece el descrédito de los medios, se intoxica el debate público y se merma la calidad democrática. Es reveladora la cifra de 82 millones que la Generalitat ha gastado en subvenciones a medios desde 2008 así como la presencia de publicidad institucional en los medios catalanes.

Demonización de los discrepantes

María Isabel Fernández, vocal de SCC y redactora del informe, hizo referencia a la falta de tolerancia y respeto que hay a la diversidad ideológica en Cataluña, identificando como «anticatalanes» o «fascistas» a los que no son partidarios de la independencia. «Se reclama, desde el nacionalismo, un respeto a la diversidad existente en España cuando la única diversidad que realmente está en peligro es la catalana», denuncia el dossier. Un ejemplo que ilustra esta discriminación es la propia Sociedad Civil Catalana, a la que desde los medios digitales se ha identificado como fascista, franquista, ultraderechista o nazi.

Símbolos separatistas en edificios oficiales

La invasión de espacios públicos y oficiales con simbología partidista y separatista como las «“esteladas”, un símbolo no oficial utilizado por ciudadanos y partidos que pretenden conseguir la creación de un Estado independiente», se combina con la retirada y el «desprecio» a la bandera española.