La acusación popular del PP ha reclamado al juez que llame a declarar como investigado al exconsejero socialista andaluz Gaspar Zarrías en la causa de la fontanera del PSOE, tal y como adelanta "El Mundo" y ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes jurídicas.

Los populares quieren aclarar si desde su lobby (Zaño Sociedad Consultora SL) financió la trama contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, rivales políticos, jueces y fiscales.

Señala en su solicitud la "evidente coincidencia temporal" entre la contratación de Díez por la empresa de Zarrías (junio a octubre de 2024, época en que apunta a que ya trabajaba en Ferraz) y las maniobras bajo investigación que se le atribuyen.

Los de Alberto Núñez Feijóo ven la sospecha en que esta mujer "percibía una retribución por supuestos servicios no acreditados procedentes de una sociedad administrada por un exdirigente del Partido Socialista (Zarrías) y todavía vinculado a algunos de sus más altos cargos".

Ponen, como ejemplo de ello, que la adjunta a la Secretaría de Organización socialista, Ana Isabel Mateos, también trabajó con anterioridad para la mercantil de Zarrías. Una sociedad que, asegura la formación citando a artículos de prensa, "solo cuenta con cinco empleados y factura más de un millón de euros al año sin web, redes sociales ni publicidad alguna".

Asimismo, pide al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que apruebe una entrada y registro en la sede que mantiene el lobby en Madrid.

El fin debe ser, según indica en su solicitud, recabar "los pagos realizados" a Díez, "el contrato firmado" entre ambas partes y "los correos electrónicos" relativos a su trabajo para la consultora. Incluyéndose entre los mails aquellos posibles que tuviesen como remitente o destinatario a Santos Cerdán.

Por otro lado, Génova insta al magistrado Arturo Zamarriego a interrogar como testigo a José Ruz, administrador de la constructora Levantina presuntamente implicada en el "caso Koldo".

Quiere que el instructor le pregunte por los 36.300 euros que habría abonado a la consultora de Zarrías en 2022, y que se refleja en una "transferencia cuyo objeto aún se encuentra pendiente de determinación".