PNV, Junts y ERC fían su apoyo a Sánchez a que no estallen más casos de corrupción

Al final ha sucedido lo esperado: nada. Los socios de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados le afearon ayer los distintos escándalos de corrupción que han estado viendo la luz, pero en realidad todo quedó en un mero tirón de orejas a la espera de novedades. El presidente del Gobierno escuchó que la confianza iba camino de la UCI, que estaba en tiempo de prórroga y que esta no duraría toda la legislatura y, también, que ya no le iban a apoyar en las votaciones de la Cámara Baja.

Sin embargo, en prácticamente todo el Congreso es palpable la sensación de que, hoy, Sánchez está más lejos de lo que lo estaba ayer a primera hora de la mañana.

Aunque los socios se mostraron muy duros en el Pleno sobre la corrupción, le acabaron dando cierto aire al Ejecutivo y le pidieron que se demuestre que el PSOE ha pasado ya página con respecto a las prácticas protagonizadas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En ese sentido, fían su apoyo al Gobierno a que no haya novedades sobre otros presuntos casos de corrupción que puedan salpicar a más miembros del Gobierno o del partido. Si los hay, es difícil mantener el argumento del apoyo.

Es por eso que hay una gran expectación por ver qué dicen las investigaciones que la Guardia Civil está preparando sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los dos defienden su inocencia, se muestran como víctimas de una campaña de bulos y desinformación y en Moncloa, en principio, compran esa tesis.

Pero exactamente lo mismo sucedió con Santos Cerdán, hasta que llegó un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que propició que entrara en la cárcel solo una semana después. Sobre estas investigaciones se podrían conocer novedades a lo largo de este mismo mes de julio o en septiembre.

Una de las intervenciones más duras, y sorpresiva por el tono, fue la de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero. Consideró las explicaciones de Sánchez "insuficientes" y le dijo que él tenía una responsabilidad "directa" por haber nombrado a Ábalos y a Cerdán. Dijo también que la confianza iba "camino de la UCI" y que, si Sánchez no enderezaba la situación, le quedaban tres opciones: someterse a una cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones.

A pesar de la dureza, en ningún momento se pudo deducir que estaba dispuesta, al menos ahora, a abandonar el bando de Sánchez. Ni mucho menos apoyar una moción de censura del PP, con quien intercambió un enfrentamiento muy elevado de tono.

En una línea similar de crítica, pero sin consecuencias inmediatas, se movió Junts. Su portavoz, Míriam Nogueras, aseguró que el Gobierno estaba en la prórroga y pronosticó que el tiempo añadido no va a durar toda la legislatura. Se cuidó mucho de evidenciar, además, que su partido no iba a elegir un bando entre PP y PSOE, que solo iba a priorizar el pujar por su agenda.

La única persona que pareció haber dado por zanjada la crisis de corrupción fue Yolanda Díaz. Los equipos del PSOE y de Sumar estuvieron negociando "hasta el último minuto" sobre qué medidas incluiría Sánchez en su "potente" paquete contra la corrupción. Desde Moncloa ya avisaron que iban a incluir "la gran mayoría" y así fue: de las 15 medidas que anunció Sánchez, Sumar dice que 10 eran suyas.

Esto provocó que Díaz, desde la Tribuna, diera por renovada su confianza en Sánchez. Dejó atrás el escepticismo que había intentado escenificar en las últimas semanas y se ató por completo al presidente del Gobierno. A fin de cuentas, su espacio es quizás el menos interesado en que haya un adelanto electoral, ya que le pillaría con los deberes aún por hacer al no haberse reorganizado y podría sufrir una debacle en las urnas.

De todos los socios parlamentarios, ayer se evidenció que sólo Podemos da la relación por rota. Ione Belarra explicó que no garantiza sus votos en ningún asunto que no comparta al máximo. Pero no deja de ser una estrategia para desmarcarse de Sumar y del Gobierno y es difícil que tenga mayor repercusión que la de complicar que al Ejecutivo le salgan las cuentas para aprobar algunas iniciativas.

Aunque Yolanda Díaz cambió el tono y compró el argumento de la "responsabilidad" de Sánchez, ese por el cual es su deber seguir al frente del Gobierno para librar a España de una derecha que ganaría las elecciones, la vicepresidenta dijo buscar "un giro social" para la legislatura. Quiere que se terminen de cumplir algunos de los acuerdos del pacto de coalición y quiere llevar al próximo Consejo de Ministros la ampliación del permiso de paternidad.

Aunque Díaz cambió el tono y compró el argumento de la "responsabilidad" de Sánchez, ese por el cual es su deber seguir al frente del Gobierno para librar a España de la derecha, la vicepresidenta dijo echar en falta "un giro social".