Política

Podemos recurre a un excandidato del M-19 para su proyecto de Constitución

Argiro Giraldo, abogado ligado al 15-M, defendió que los cambios se hicieran al margen del Congreso

El abogado colombiano Argiro Giraldo Quintero lleva 16 años viviendo en España
El abogado colombiano Argiro Giraldo Quintero lleva 16 años viviendo en España

Podemos ha recurrrido a un abogado colombiano muy ligado al 15-M y que formó parte del partido Alianza Democrática M-19 –un movimiento guerrillero en origen que se convirtió en un movimiento de centro izquierda después del proceso de paz– para trabajar en las posibilidades de una reforma de la Constitución. Se trata de Argiro Giraldo Quintero, abogado que ejerce en Madrid, que lleva 16 años en España y que participó en la redacción del proyecto de Constitución Federal para Colombia en 1999 presentado por el Colegio de Altos Estudios Constitucionales de Quirama-Antioquia, según confirmó a LA RAZÓN el propio letrado.

«Yo propuse crear un grupo de trabajo constitucional y hemos venido analizando las posibilidades de reforma y los mecanismos para llevarla a cabo», aseguró Giraldo, que matiza que «él no es ningún portavoz», aunque sí «he tomado la iniciativa». Dentro de ese grupo, cuyos trabajos están aún en fase inicial y «el debate está quieto» porque «Podemos aún no ha decidido hacer un proceso constituyente en sí, aunque Pablo Iglesias ha venido expresando que es necesario abrir el candado para un proceso constituyente», están otros abogados, explica, «que son grandes profesionales». Este grupo de trabajo forma a su vez parte del Círculo de Juristas de Madrid, compuesto por unas 60 personas, y dentro del grupo de reforma constitucional «tenemos gente en Barcelona, Madrid o Toledo». Este diario se puso ayer en contacto en reiteradas ocasiones con el departamento de prensa de Podemos sin que, al cierre de esta edición, se hubiera producido respuesta por su parte.

La reforma de la Constitución es uno de los objetivos que se ha planteado el propio Pablo Iglesias si llega a La Moncloa. «Hace falta abrir un proceso constituyente para abrir el candado de la Carta Magna de 1978 y romper con un régimen que se derrumba», dijo el líder de Podemos en el primer mitin que realizó en Barcelona. Allí, no perdió la ocasión de desvelar su intención de que el «derecho a decidir» se extienda a todos los ámbitos, especialmente la economía, y defendió que se pueda «discutir de todo y con todos». También del modelo territorial.

Precisamente éste es uno de los principales debates que se está planteando en este grupo de trabajo. «Se viene debatiendo la crisis de orden territorial», explica el letrado. Pero también «el problema de blindar algunos derechos fundamentales que están en el área social, de la reforma de los partidos o si se cambia el ordenamiento territorial y se modifica la estructura territorial habría que replantearse el tema del Senado y el Congreso», asegura. Asimismo, este abogado también experto en inmigración y temas sociales plantea que «hay que replantearse la Justicia y el problema de la protección de personas que no tienen cómo pagar la vivienda o la luz». Respecto a los mecanismo de reforma de la Carta Magna explica que se barajan tres formas: «Se puede hacer por el Congreso, que se nombre un grupo de expertos y se haga un proceso constituyente o que se elijan unos diputados que elija el pueblo que sean los que la reformen», aseguró.

Derogación del artículo 135

En su programa para las elecciones europeas, Podemos planteaba sobre la Constitución dos propuestas. La primera, relativa a la reestructuración de la deuda y la derogación del artículo 135 de la Constitución –como planteó también el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez– con el objetivo de «garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda». En segundo lugar, la formación morada planteaba la «obligatoriedad de ratificación democrática de los cambios constitucionales» de tal forma que se incluyera en la normativa vigente «que toda decisión que se tome en las instituciones europeas y sea de gran calado para la ciudadanía deba ser refrendada obligatoriamente por ésta».

Argiro Giraldo insistió en que «aún no tenemos una propuesta, sino sólo un conjunto de elementos que creemos que esa reforma constitucional tiene que tener». «Tenemos claro qué es lo que hay que hacer», afirmó. Y aunque alardeó de participar en el proceso constituyente de Colombia que rige en la actualidad y que calificó de «muy democrático», quiso resaltar que «no es el que vamos a proponer nosotros, España es España y tiene su historia. No se va a importar ningún modelo». Y sobre su pasado en la extinta Alianza Democrática M-19, explicó que entró en este partido integrado por «sectores del partido socialdemócrata y sectores del grupo del M-19» después del proceso de paz y que «nada tenía que ver ya con el proceso armado».

Se declara miembro de Podemos como uno más, y en el foro de debate Plaza Podemos llegó incluso a pedir el voto –consiguió 27 votos para ser secretario general en la Asamblea Ciudadana de octubre– porque representaba «una opción coherente con el ideario Podemos del empodetamiento personal y el voto directo, sin más amarre que mi lucha de años por la dignidad de los pueblos, contra los corruptos, por la democracia, la pluralidad y la paz. En el 15-M participé activamente y aún pienso que todo es posible». De hecho, entonces defendía que la reforma se hiciera al margen del Congreso. Avalado por el Círculo de Juristas de Madrid, del que confirmó que forma parte, se definió en conversación con este diario como «uno de los muchos que España requiere un nuevo pacto, que puede ser un proceso constituyente o varios» pero, en ningún caso, «se puede decir que sea asesor de Podemos».

Para este letrado «exiliado político», la prioridad no obstante es que «Pablo Iglesias gane las elecciones». Y marca como objetivos prioritarios de la formación a la que pertenece la «presentación de medidas anticorrupcion por el grupo de trabajo administrativo estatal», por encima del debate en torno a la reforma constitucional. «El debate ahora está quieto. Es prioridad el asunto de la corrupción», concluye.