Prevención

La comparecencia de Begoña Gómez ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid esta semana me pilló, precisamente, leyendo un texto de Antonio Escohotado. Se trataba de un escrito corto. Era una exposición de menos de veinte páginas explicando su itinerario curricular de cara a una habilitación a cátedras de sociología en 2006. Su contenido es interesantísimo y se puede encontrar publicado por la editorial Página Indómita. La erudición, la seriedad de propósito, la combinación de saberes (filosofía, sociología, economía), la dicción certera, el espíritu crítico y la voluntad de datar empíricamente la información son verdaderamente sobresalientes. No resulta extraño pues que, con esas dotes, se convirtiera en una figura conspicua del pensamiento de los últimos años y también un referente su obra sobre cómo acercarse al análisis de las conductas e ideas sobre moral del ser humano.

A pesar de todo ello, a Escohotado nunca le nombraron catedrático, negándosele el mérito objetivo e ignorando sus cinco sexenios de investigación. También encontró anormales obstáculos para acceder al doctorado. Además, la Secretaría de Estado para Universidades se vio obligada por sentencia judicial a indemnizarle con 3.000 euros por haberle perjudicado con «maniobras dilatorias» cuando opositaba. Por lo que se ha sabido estos días, Begoña Gómez no tiene ni siquiera una licenciatura reconocida oficialmente. Tampoco tiene una obra del peso específico de la de Escohotado, ni una trayectoria de docencia universitaria como la de él, ni prestigio o fama académica. Pero, sin embargo, a ella la nombraron fácilmente directora de cátedra a tal velocidad que, del acelerón promocional, los dientes se le debieron pegar a las amígdalas.

Esa es la España del siglo XXI de Pedro Sánchez. Un lugar donde no nombran catedrático a Antonio Escohotado y sí dirige una cátedra la esposa del presidente. Glups. Eso suena bastante caciqueño y caribeño. Imposible intentar reducirlo al supuesto de una simple persecución política y pretender con ello que no sea investigado.

Todo lo contrario: incluso aunque fuera efecto de las guerras partidistas, todo español sensato estaría interesado en saber por qué se producen estas anomalías y fenómenos paranormales. Sucede que dichas universidades son las que tendrán que formar a las próximas generaciones y tenemos todo el derecho a saber la capacidad de sus profesores. Será verdad al final lo que decía últimamente George Steiner: que el conocimiento y el saber, en carreras que no sean tecnológicas, vamos a tener que buscarlo en este siglo fuera de la universidad. El problema es que esa universidad es la que va a formar a nuestros hijos y muchos de ellos no tienen ni el tiempo ni los recursos para, desorientados, buscar pacientemente el saber fuera de ella.

Estos días, en los que tanto se habla de prevención a raíz de la tragedia de Valencia y tanto énfasis se pone en lo que dicha prevención podría haber evitado, no sé si nos damos cuenta de que en asuntos como la educación, continua pendiente la creación de unos mecanismos previos que impidan el nepotismo, el enchufismo y la baja calidad del profesorado. Si no los arbitramos de una vez, corremos el riesgo de que, en ese campo, la ausencia de prevención también nos lleve a una catástrofe que se podría haber prevenido. Mi paisano Fabià Estapé, que algo sabía del submundo de los espabilados, lo dijo con toda franqueza: «dame cuatro votos y te haré catedrático a un poste de telégrafos».

Urge cortar con esas malas prácticas y el hecho de que hayan llegado tan alto –como el nivel del agua en Valencia– solo puede combatirse con un estricto código ético que, sin más dilación, debería presentar el propio gobierno. Porque el fango, en contra de lo que quiera convencerse el presidente, no emana de los medios de comunicación, sino que lo trae el agua y tan solo depende de lo alto que haya llegado el nivel de ésta.

Una verdadera regeneración democrática exige un código ético institucional, por escrito, que delimite claramente lo que no pueden hacer los familiares de los cargos públicos. Y aplicarlo también en la universidad a nuestro sistema educativo de perfiles, para evitar que puedan redactarse con requisitos tan peregrinos como ser rubia, esposa del mandamás o poste de telégrafos.