El presidente del Consejo Generala de Procuradores, Ricardo Garrido, celebró la "Ley Bolaños" como la forma acertada de que pase a haber "eficacia" en el uso de los recursos económicos y humanos de la Justicia.

La conversión de los 3.800 juzgados de instrucción que hay en nuestro país en 431 tribunales de instancia supone, según Garrido, el cumplimiento de una "petición histórica" que a ellos les permitirá ejercer labores de ejecución en el día a día procesal, lo que es un "paso adelante" que permitirá tener un sistema judicial "más ágil".

El representante de los procuradores españoles puso como ejemploPortugal en los beneficios de una reforma como la que va a acometer el Gobierno. "Se ha reducido en un 60% el atasco" en los tribunales lusos, defendió.

Los procuradores consideran que su labor está"poco reconocida e infrautilizada", pese a que "siempre hemos estado ahí", detrás de las notificaciones de las causas y de la elaboración de los escritos. "Facilitamos mejores condiciones para los abogados y evitamos que vayan los ciudadanos a los juzgados", recordó.

El presidente de la procura explicó, en las jornadas celebradas en su sede entorno al proyecto de reforma, que al pasar a encargarse de la ejecución "los trámites pueden resolverse en menos tiempo". Y, si se fuera más allá en la dotación para ellos de más capacidades profesionales, llegó a apuntar que "en cinco años" la Justicia dejaría de estar colapsada con el consecuente ahorro de "millones de euros" y "horas de espera para la resolución de los asuntos".

En el acto dirigido a explicar qué prevé la ley contó también con la presencia de sus redactores, el Ministerio de Justicia que encabeza el socialista Félix Bolaños. La directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé, defendió que en esencia supone actualizar la estructura judicial que llevaba sin cambios profundos desde 1890 para poder ser más "eficaces" en el aprovechamiento del dinero que se invierte y de los funcionarios que en él trabajan.

La alto cargo desveló los resultados de una prueba piloto que se realizó en los juzgados de Badajoz, que aumentaron sus ejecuciones en más de un 40% en todas las jurisdicciones, especialmente porque permitió una mayor resolución, que es donde está el "cuello de la botella". La directora general insistió también en que habrá tres millones más de presupuesto para implicar la medida y se ampliaran las plazas de jueces, aunque no dilucidó si solo en violencia de género -que ahora asumirán también los casos de delitos sexuales- o de manera general, en mixtos también.