
8M
El PSOE solo expulsará del partido a puteros con condena
Las feministas del partido pugnaron por echar a cualquier militante vinculado a la prostitución

El 41º Congreso Federal del PSOE no pasará a la historia por la ambición de la apuesta programática ni por la renovación orgánica que se anticipaba cuando se diseñó su convocatoria. Los cambios más sustanciales –más allá de la exhibición de un cierre de filas forzado por el cerco judicial– se produjeron con perfil bajo. Ganando batallas otras veces libradas, aprovechando la guardia baja de la dirección socialista.
Con todos los focos apuntando a la resolución del debate autonómico a cuenta del modelo de financiación, si había una redacción que privilegiara o no a Cataluña, se dejaron algunos flancos descubiertos y la buena organización del feminismo clásico permitió registrar algunos avances pendientes. Una de estas victorias se dio en lo relativo al rechazo del pago por sexo asociado a la prostitución. El partido hizo suyas las reivindicaciones, vía enmienda a la ponencia marco, de este colectivo, que cada vez ve más achicado su espacio en el PSOE. Cualquier consumidor de prostitución quedaría excluido de la formación.
En concreto, el partido se comprometió a expulsar de la militancia en sus filas a todo aquel socialista que «se sirva de los servicios sexuales bajo pago», incluyendo como agravante, «especialmente si ocupan algún cargo orgánico o institucional». Es decir, quien recurra a la prostitución en un partido que ha hecho bandera del abolicionismo estaría automáticamente fuera. Esta cuestión, sin embargo, quedó recogida en los Estatutos del PSOE en su régimen disciplinario, en el artículo 82.5 de con un condicionante de calado: «Se impondrá la sanción de expulsión del partido a aquellos que hayan sido condenados por delito relacionado con la corrupción, la violencia contra las mujeres o contra la libertad sexual, conforme a lo regulado en el Código Ético y de Conducta y el Reglamento Federal de Desarrollo de los Estatutos Federales». Esto es, solo si media condena firme habrá expulsión.
Hasta ahora, en el PSOE habían esquivado esta cuestión porque argumentaban que entrañaba «dificultades» legales y apelaban a que los procesos de expulsión exigen unas «garantías» y estar basados en «hitos concretos y objetivos», dado que en esta concreta situación es difícil demostrar si alguien ha consumido prostitución. El debate se abrió mucho antes del 41º Congreso Federal, fue coincidiendo con el 8M de hace justo un año cuando varias socialistas históricas abanderaron una iniciativa para que el partido fuera, en lo sucesivo, «coherente con la postura abolicionista» que se adoptó en el 40º Congreso Federal. El manifiesto vino rubricado por dirigentes de peso como la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; la ex vicesecretaria general, Adriana Lastra; la exministra Rosa Aguilar o la exportavoz de Igualdad Ángeles Álvarez. El movimiento tuvo un impacto limitado en la dirección del partido y el feminismo clásico decidió dar la batalla en el debate interno unos meses después.
El posicionamiento final del PSOE queda lejos, no obstante, de los planteamientos que algunas agrupaciones pusieron sobre la mesa del Congreso Federal, en cuyas enmiendas reclamaban la imposición de la norma interna para que salgan de la formación quienes simplemente estén «implicados en asuntos relacionados con la prostitución» y para quienes «demanden prostitución» y de esta forma «contravengan la ejemplaridad y la coherencia con la posición política del PSOE, que busca favorecer un cambio cultural de pleno respeto a los derechos humanos». «Todo afiliado/a que se vea implicado en algún asunto relacionado con el entorno de la prostitución perderá su condición de manera inmediata», rezaba una de las enmiendas.
En vísperas del 8M, el paso, auspiciado por feminismo del PSOE llega después de escándalos en sus filas como el del «Tito Berni», referente al exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo que incluía en sus fiestas para hacer negocios sexo a cambio de dinero, o el del exministro José Luis Ábalos, reprobado, además de por su presunta corrupción, por sus supuestas visitas a prostíbulos.
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