Puigdemont y los arreglos de la ley de amnistía

El independentismo próximo al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont concede un papel principal al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la arquitectura de la ley de amnistía. Tanto como para que desde ese círculo de máxima confianza del presidente fugado le señalen, presuntamente, como la persona con la que contacta un abogado de Puigdemont, que hace de mediador para que se intercambien textos de la amnistía con acotaciones sobre su constitucionalidad. Sugerencias o arreglos, como se quiera llamar, para encarrilar un texto que una vez que haya pasado el filtro del Parlamento tendrá que someterse al veredicto de los tribunales de justicia.

Este periódico ya informó que desde el grupo negociador de Moncloa usaban como apoyo jurídico a nombres afines que entraron en el Alto Tribunal en la última renovación del órgano. Desde el independentismo señalan directamente al presidente del TC como presunto implicado en echar una mano en el proceso para que la ley pase el filtro que decidirá sobre su constitucionalidad. El Gobierno en funciones no da detalles del contenido de la negociación con Puigdemont más que para insistir en que todo lo que se acuerde será constitucional.

El Tribunal Constitucional culminó el último trámite de su renovación haciendo efectivo el vuelco progresista del tribunal de garantías en diciembre de 2022 con la incorporación de cuatro juristas a propuesta del Gobierno y del Consejo General de Poder Judicial. Por parte del Gobierno, los elegidos fueron el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática y ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Una de las principales preocupaciones del grupo negociador es cómo limitar la discrecionalidad de los jueces a la hora de aplicar la amnistía. El PP ya ha anunciado un recurso ante el TC que no paralizaría la aplicación de la amnistía, pero no ocurriría lo mismo con las posibles cuestiones de constitucionalidad que presenten el Supremo o bien otros tribunales afectados. A quien más temen es al Supremo, de quien depende directamente el procedimiento abierto contra Puigdemont.

El independentismo quiere que la norma sea de aplicación inmediata sin que se vea afectada por la deliberación del TC sobre si se ajusta o no a la Constitución. Para ello es clave el asesoramiento jurídico previo en la redacción de la ley, trabajo en el que apuntan directamente a esa figura del presidente del TC. Pero los negociadores de Moncloa cuentan con otra ayuda jurídica en el trabajo de dar forma a una ley dirigida a perdonar las causas pendientes a los independentistas procesados por delitos penales o por faltas administrativas.

Moncloa está trasladando estos días que la redacción de la ley está prácticamente resuelta, salvo flecos sobre los que aseguran que habrá acuerdo, como es el que tiene que ver con la mediación internacional que exige Puigdemont, y que está muy relacionada con ese temor a que los tribunales puedan hacer una interpretación de la ley que no se ajuste a la que ellos han pretendido imponer desde el ámbito de su escritura, como ya ocurrió con la malversación. Hay que tener en cuenta también que su formulación como proposición de ley exige un tiempo de tramitación parlamentaria sobre el que Puigdemont también quiere garantías en la celeridad de los plazos y en que no haya ningún obstáculo en el camino que tumbe los planes, una vez que se haya investido a Pedro Sanchez. El veto del PP en el Senado no tiene capacidad de afectar a su contenido, más allá de retrasar su aprobación por devolver la reforma al Congreso para que vuelva a ser ratificada.

Las precisiones que faltan parece, según la versión de Moncloa, que siguen afectando a algún punto de la exposición de motivos, donde ese asesoramiento jurídico también es fundamental para pasar los filtros del Tribunal Constitucional. Superarlos exige buscar una redacción ambigua y genérica, que equilibre la posición de las dos partes, pero que también las permita salvar la cara ante sus respectivas parroquias.

Además, aunque el foco está ahora puesto en la negociación con Junts, el acuerdo de investidura exige a Moncloa cerrar un pacto con el PNV, que, como adelantó ayer en este periódico su presidente, Andoni Ortuzar, ya ha empezado con el intercambio de papeles sobre unas bases en las que se habla de nación, soberanía, garantías y de árbitro que medie en el caso de conflicto entre las dos partes, de manera previa a la intervención del Constitucional. Ortuzar adelantó también que de este proceso de investidura debe salir una evolución del modelo territorial en el que se reconozcan las identidades nacionales de Euskadi y Cataluña. A su juicio, el cambio es de tal envergadura que sería conveniente que entrara el PP, porque si no corren el riesgo de que «se quede cojo».