Moncloa presiona a sus socios con las encuestas

El CIS apuntó ayer a un empate entre PSOE y PP en plena negociación de la investidura. Las encuestas que maneja Moncloa son mucho más pesimistas y anticipan además un derrumbe de Sumar, plataforma que llegaría totalmente desfondada a una nueva cita electoral. Sin estrategia conjunta entre el batiburrillo de siglas que la integran y con unas perspectivas de apoyo popular más que preocupantes.

Esta presión electoral que siente sobre sí el PSOE se extiende sobre el resto de los socios, y es la estaca a la que se agarra el núcleo duro de Moncloa para confiar en que en el último momento, en la última semana antes de que venza el plazo para disolver las Cortes y convocar elecciones, Carles Puigdemont se avenga a firmar un acuerdo.

Por cierto, que en el bloque de la derecha también manejan encuestas que confirman un crecimiento del PP, pero preocupan las señales de fuerte caída de Vox. Ya que no todo ese voto que pierde el partido de Abascal acaba luego en el saco de los populares. Ya sucedió el 23-J, cuando el PP llegó a trasladar a Vox un informe, que acabó cumpliéndose, con las provincias en las que sus votos se iban directamente a la papelera por no alcanzar el mínimo necesario para sumar escaño.

Las filtraciones sobre el bloqueo de la negociación tienen una buena dosis de teatralización en un contexto en el que todas las partes presionan para sacar el mayor rédito posible de las necesidades de Pedro Sánchez. Pero la presión que Moncloa traslada a sus socios nace de la propia presión que a ellos les genera el coste en términos de opinión pública de la negociación. Sánchez tiene controlado el poder orgánico, incluso cuenta con que su pacto, si llegar a producirse, en los términos que sea contará con el apoyo de la militancia, mucho más radicalizada en todos los partidos que sus votantes. Pero Moncloa también sabe que el electorado socialista se siente más cerca de los planteamientos de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, o del expresidente Felipe González, que de la amnistía que están negociando con Puigdemont.

De ahí que los negociadores de Sánchez estén haciendo movimientos que sus socios interpretan como prueba de la preocupación que les provoca la posibilidad de tener que pasar por las urnas. Llegados a este punto, y aunque Sánchez y sus ministros se hayan esforzado en esquivar la palabra amnistía, si la negociación no cuaja ya no es posible rectificar ante la opinión pública la idea de que han estado negociando la impunidad del independentismo con Puigdemont.

La amnistía se queda ya corta para Puigdemont, se ha vendido demasiado rápido como una cesión garantizada, y la pelea está en cómo se presenta ante la ciudadanía, sobre todo para hacer compatible que las dos partes salven la cara ante sus respectivas parroquias. El PSOE ya pacto con ERC en la pasada legislatura el reconocimiento del conflicto político y también llevar el diálogo sobre una consulta a una mesa de negociación bilateral Gobierno-independentismo. Esto, por tanto, no le es suficiente a Puigdemont para construir el relato que necesita para rentabilizar políticamente la investidura de Sánchez y que no le ocurra como a ERC, que que con el pragmatismo con el que les ha etiquetado Moncloa solo han conseguido ir perdiendo votos a cuenta del PSC.

En la negociación se ha cruzado también la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, que tendrá lugar el próximo 31 octubre. Como en todos los temas que tienen que ver con la Jefatura del Estado el PSOE necesita arrimarse al PP para frenar las iniciativas o el discurso desestabilizador de sus socios. La jura de la Constitución por parte de la Heredera de la Corona es un trance muy incómodo para Moncloa y es un elemento más que anima a retrasar la firma del acuerdo, si llega a producirse, para noviembre.

La Constitución prevé que «el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad» prestará «juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución». Zarzuela ya ha empezado a organizar la ceremonia con las instituciones implicadas, y se ha reunido con los máximos representantes del Congreso y el Senado. También con el PP, partido con mayoría absoluta en la Cámara Alta y con más escaños en el Congreso. Sin embargo, como en el resto de temas de Estado, tampoco en éste hay comunicación directa entre Moncloa y el PP.

Los socios de Sánchez pretenden aprovechar la nueva legislatura, y su mayor fuerza sobre el PSOE, para redoblar sus iniciativas parlamentarias contra la Monarquía. La inestabilidad en la que coloca al PSOE el reparto de escaños del 23-J le obliga a contar con todos los socios en cada una de las votaciones, dificultad que intentarían subsanar con una menor actividad legislativa y centrándose en cuestiones sociales que, si se votan en contra, dejen un coste reputacional en la opinión pública.

Bolaños: «La negociación avanza»

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, afirmó ayer que las negociaciones con los grupos parlamentarios para la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, avanzan, al ser cuestionado sobre si las conversaciones habían encallado. «Nosotros seguimos trabajando y seguimos avanzando en las conversaciones para lograr tener un Gobierno estable que continúe con la agenda de progreso social», indicó en declaraciones a los medios en el Ateneo de Madrid, donde participó en las jornadas de «Metafuturo» organizadas por Atresmedia.

Asimismo señaló que están «trabajando duro», e insistió en que todo lo que harán será «impecable desde el punto de vista constitucional», tras ser preguntado por la situación en que se encuentra la negociación de la ley de amnistía.