Los díscolos de Puigdemont amenazan el plan de investidura de Sánchez

Carles Puigdemont no está acostumbrado a oír voces críticas en su entorno. Ni en Junts per Catalunya, partido en el que apenas es un militante de base pero que tiene todo el poder, ni en el Consell de Govern de la República que preside junto a diez personas de su máxima confianza, ni en la Asamblea de Representantes compuesta por 100 delegados. Algunos lo han intentado y han salido por la gatera. Incluso Laura Borràs quiso plantarle cara con el apoyo de su tirón electoral y en el partido y no salió bien parada estando hoy en sus horas más bajas.

Esta situación idílica de hiperliderazgo salió del letargo el 23 de julio. Junts per Catalunya, y sobre todo Puigdemont, era fundamental para que la izquierda progresista española revalidara el Gobierno de Coalición y para que la derecha española pasara a la oposición al no poder forzar nuevas elecciones.

Carles Puigdemont poco después de la contienda realizó una declaración desde Bélgica. Se mostró abierto al diálogo dejando al pairo a los sectores más radicales del independentismo y marcó su posición sobre las negociaciones con el PSOE. Un detalle no pasó desapercibido. Puigdemont reivindicó el referéndum del 1 de octubre pero desligó la consulta de la amnistía. Se limitó a reivindicar que se estudie el escenario de una nueva convocatoria.

El ambiente interno se fue caldeando porque su apertura al diálogo se concretó en el apoyo de Junts a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Las tensiones con el independentismo partidario de la confrontación con el Estado. Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, puso en evidencia sus diferencias con la vía pactista de Junts que seguía la senda marcada por ERC hace cinco años. “O independencia, o elecciones”, dijo Feliu que siempre ha defendido la formación de un “cuarto espacio” que lidere al independentismo desencantado por las políticas de Junts, ERC y la CUP. Hasta Clara Ponsatí, eurodiputada de Junts y exmiembro del Govern de Puigdemont, abrió las hostilidades.

Días antes, el 28 de agosto, Puigdemont disolvió la Asamblea de Representantes con la excusa de una reforma de calado de las instituciones del “exilio” para “lograr la independencia”. 31 miembros de esta Asamblea, el 25,6% de los 121 representantes, lanzaron un duro comunicado en el que acusaban al Consell de Govern de la República de “autoritarismo de corte bonapartista” y acusaban a Toni Comín de irregularidades económicas y de trato de favor en la gestión de los gastos del Govern.

En paralelo, el 1% de los 103.000 afiliados al Consell -la campaña tenía como objetivo un millón-han pedido una consulta interna para definir el papel del Consell en el nuevo escenario político español. Un papel que los críticos quieren que sea de forzar nuevas elecciones. ¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente en España por parte de los partidos independentistas catalanes?

La consulta que se inicia hoy y finalizará el próximo lunes 23 quiere condicionar el papel de Puigdemont, pero desde el Consell se han encargado de decir que no es vinculante. Además, las negociaciones las llevan los partidos y no el Consell de la República. Sin embargo, el resultado de la votación puede ser el detonante para que alrededor de Feliu y Ponsatí se configure una nueva candidatura independentista en las próximas autonómicas.

Ayer el diario Crónica Global publicaba una encuesta que dejaba al independentismo sin mayoría absoluta en el Parlament. ERC bajaría 4 escaños y Junts y la CUP uno cada uno. El PSC resultaría ganador con 36 diputados y la derecha, PP y Vox, obtendrían 23 diputados, la mayor representación de la historia, Ciudadanos desaparecería y los Comunes obtendrían solo un diputado más. Una cuarta lista empeoraría los resultados independentistas porque la división del voto sería letal.

La presión de este sector díscolo continuará con una nueva consulta que preguntará ¿Crees que el Consell debe proponer y promover que la Ley de Amnistía debe incluir un calendario para realizar un referéndum?, también con el objetivo de mostrar su malestar con las negociaciones con el PSOE y por un posible acuerdo que deje la petición de referéndum en una comisión de estudio, igual que el pacto sobre la Mesa de Diálogo que impulsó ERC.

Carles Puigdemont está haciendo caso omiso de estos movimientos pero es consciente que los riesgos son enormes porque los más radicales del independentismo son los que dominan la calle y las redes sociales. Si Junts llega a un acuerdo será elevada al altar de los “botiflers”, los traidores, y el riesgo de declive electoral se podría acentuar. Por eso, Puigdemont y los suyos no quieren filtraciones de las negociaciones para no debilitar su posición y dar argumentos a los radicales. Quieren cerrar un pacto, o no, para explicar el contenido final y evitar el desgaste. Esta situación de inestabilidad es lo que ha llevado a Junts a enfriar expectativas de acuerdo y postergarlo hasta el mes de noviembre. Hoy empieza una carrera de obstáculos para Puigdemont con disensión interna contra la negociación. Si hay acuerdo o no es baladí, negociar en si mismo ya es una blasfemia para el radicalismo independentista.