Puigdemont logra la amnistía total y ya quiere más

El independentismo ya tiene tabla rasa frente a los delitos del «procés» que exigió como condición para votar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La comisión de Justicia del Congreso aprobó el nuevo texto pactado por PSOE, Junts y ERC, y, a falta de que lo valide el Pleno la próxima semana, ahora comienza el nuevo «asalto» negociador entre Carles Puigdemont y La Moncloa para los Presupuestos. Al ex presidente de la Generalitat no le vale con avanzar por la vía de más inversiones o transferencias para Cataluña ya que irían directas a la caja de ERC y serían los republicanos los que las rentabilicen política o electoralmente.

Esto lo tiene medido ya Junts, y también son conscientes de esta realidad en el PSOE, aunque anticipen estos días un acuerdo presupuestario «inminente» dentro de la reacción política con la que buscan instalar en el marco mental de la ciudadanía una sensación de estabilidad y de legislatura larga que silencie la debilidad real del Gobierno de coalición. La «guerra» de la negociación presupuestaria exigirá balanzas fiscales, retomar la reforma de la ley de Sociedades de capital para obligar a las grandes empresas a regresar a Cataluña y poner sobre la mesa la cesión del cien por cien de los tributos para la Generalitat. Hacienda ha hablado ya con todos los socios y ha recogidos sus propuestas, pero, además de que Junts no lo pondrá nada fácil, tampoco es un camino sencillo cerrar el acuerdo con Podemos o con Sumar en un marco electoral en el que dentro de la mayoría progresista e independentista hay fuertes competencias por el votante. Queda apenas un año para las elecciones catalanas, si no se adelantan, y Junts y ERC no tienen alternativa a la de profundizar en una dura pugna, tanto en Cataluña como en Madrid, que pondrá las cosas más difíciles al presidente del Gobierno. Con el añadido de que el problema no está solo en los Presupuestos, la siguiente estación del Gabinete de coalición, sino que chocarán contra el mismo muro en cada una de las iniciativas que vayan al Congreso de los Diputados.

En estas últimas semanas, que han estado dedicadas a seguir negociando los cambios en la ley de amnistía, PNV y Junts han mantenido reuniones con empresarios, por ejemplo, dentro de su disposición a hacer bloque en el Congreso para frenar las políticas económicas de Sumar y, si llega el caso, también del PSOE. Para lo que necesitarían contar con los votos del PP. Ahora bien, cabe decir que es solo un preparar el terreno porque la sensación dentro y fuera de la coalición es que haya o no haya Presupuestos «inminentes», una vez que quede encauzada políticamente la amnistía la confrontación jurídica que de ella se deriva irá acompañada de nuevas presiones de Puigdemont para avanzar en la llamada cuestión nacional catalana.

Los cambios en la ley de amnistía han buscado dar respuesta a los últimos movimientos de los jueces para tratar de blindarla de posibles interpretaciones que limiten su aplicación, en un difícil equilibrio necesario para mantener a ERC dentro de la ecuación del acuerdo. Y habrá respuesta de los jueces cuando se publique la ley en el BOE, e incluso antes. Los principales cambios introducidos en la norma afectan a los delitos de terrorismo, traición y malversación, abriéndose, por tanto, una nueva etapa de todavía mayor enfrentamiento entre el Gobierno y la judicatura española de consecuencias que todavía no se pueden calibrar.

El nuevo tiempo de Puigdemont, del que tanto hablan en Moncloa, está lleno de interrogantes sobre cuál va a ser el camino que elija a partir de ahora para conseguir el que dicen –quienes hoy están más cerca de él– que es su objetivo principal, y que no es otro que la reválida con ERC para hacerse con la Presidencia de la Generalitat.

Hay versiones contradictorias sobre cuál es la aspiración última de quien todavía hoy sigue siendo un prófugo de la Justicia española, pero los que tienen línea directa apuntan, sin dudarlo, en esa dirección, la Generalitat. Él siempre ha sostenido que su intención es regresar a Cataluña por todo lo alto, como el mesías que vuelve a casa para llevar a su pueblo hacia su destino sagrado, la Nación catalana. La amnistía le despeja ese regreso, hasta el punto de que, como ayer ya informaba este diario, en medios judiciales entendían que podría atreverse a regresar en cuanto se publique la ley en el BOE y entre en vigor, una vez que estén levantadas todas las medidas cautelares. Junts situó este hecho para el próximo julio, en verano, después de que opte de nuevo como candidato a las próximas elecciones europeas de junio. Si revalida escaño, mantendrá la inmunidad parlamentaria. No está previsto que Junts y PNV concurran juntos a estos comicios europeos, aunque se ha especulado sobre esa posibilidad.

Cuando la amnistía termine su trámite parlamentario, el juez Pablo Llarena tendrá que levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont por el 1-0. Ahora, quienes han seguido de cerca la trayectoria del ex presidente catalán señalan que en ningún caso se arriesgará a pisar Cataluña sin garantías absolutas de que ningún juez pueda, por sorpresa, hacerle «alguna jugada».

Las garantías que exige Puigdemont con la amnistía son aplicables a todos los demás ámbitos de negociación con el PSOE porque no se fía del presidente del Gobierno y esto complicará el camino en los próximos procesos entre los dos partidos. En todo caso, para los socialistas, encarrilar la ley es una bolsa de oxígeno, y también de tiempo, con la confianza puesta en que se cumpla su deseo de que el «caso Koldo» no supere los límites de lo ya conocido y no se cobre más piezas que la única que consideran que está ya amortizada, la del ex ministro José Luis Ábalos. Su expulsión del PSOE ha sido un trauma, pero todavía puede hacer más daño si llegara a descubrirse que, más allá de una responsabilidad en vigilar a quienes estaban a su cargo, también ha participado del beneficio de las mordidas. No obstante, este tema, «feo y con coste reputacional evidente», no cuenta para Sánchez como un peligro para su mayoría de investidura. Mientras todo se quede en las informaciones que salen del sumario, sin que haya una conexión directa, probada, con el Gobierno, ni autos judiciales en firme, la inclinación de los socios es a mirar hacia otro lado, a fn de intentar cobrarse lo pactado en los acuerdos de investidura antes de que caiga Sánchez.

Significativamente, en su hoja de ruta no entra hoy una moción de censura, ni la ven a futuro, pero sí entra ya la previsión de que lo que llegará después de las próximas elecciones generales será un Gobierno de Feijóo.