Los fallos técnicos de las pulseras antimaltrato no son un contratiempo excepcional en los juzgados de violencia de género. Hasta el punto de que algunos jueces admiten que esas deficiencias les han obligado a cambiar los dispositivos hasta «tres o cuatro veces». LA RAZÓN se ha puesto en contacto con magistradas al frente de juzgados de violencia de género –que prefieren mantener su anonimato–, que coinciden en que esos problemas de geolocalización «subsisten» y generan un notable aumento de su carga de trabajo. No obstante, lanzan un mensaje tranquilizador. «Las víctimas no han estado desprotegidas. La mayoría de las pulseras funciona correctamente y cuando no ha sido así esas carencias se han suplido extremando la vigilancia –apunta una magistrada de violencia de género consultada por este periódico–, tanto con los agentes de protección como con la práctica de diligencias adicionales».

«Esos problemas no han pasado a mayores porque extremamos la vigilancia con un esfuerzo brutal», apuntan. Por ejemplo, añade, «hay que practicar testificales porque ya no te fías de la información de Cometa», el centro encargado de gestionar las pulseras encargadas de garantizar que el investigado o el agresor no se acerca a la víctima a menos de la distancia fijada por orden judicial.

«He tenido asuntos con atestados incoados por quebrantamiento en los que Cometa informaba que el investigado se encontraba a dos kilómetros de la víctima cuando los agentes de protección informaban al juzgado de que se encontraba enfrente del edificio de su vivienda».

"Arma legal a las defensas"

Y avisan de que el riesgo es «revictimizar a las víctimas y ofrecer un arma legal a las defensas, que podrán argumentar los fallos en las pulseras de geolocalización en los procedimientos».

Esta magistrada no tiene dudas de que «Igualdad lo sabía desde el primer momento, porque se ha comunicado muchas veces». Por ejemplo, recuerda, en las periódicas reuniones de las comisiones provinciales de coordinación en violencia de género, «a la que asisten representantes del Ministerio», y en las que estos fallos «se recogen en el orden del día».

A consecuencia de estas incidencias, admite, «algunos compañeros ya no acuerdan la instalación de pulseras, porque además la medida exige mucho papeleo». Y apunta un problema añadido: a diferencia de lo que sucedía con las tobilleras, las pulseras «son más fáciles de quitar», como asegura ha sucedido en varias ocasiones.

Por si fuera poco, alerta de «la que se nos viene encima» con la asunción de más competencias «sin refuerzo de medios» a partir del 3 de octubre pese a que dice que están todos «desbordados». «Seguramente no acordaré la instalación de más pulseras porque si voy a tener que asumir todas esas diligencias adicionales», reconoce. «¿Culpa de la judicatura machista? Claro que sí –ironiza–, somos todos machistas y también tenemos la culpa de que las pulseras no funcionen». La labor de comprobación, hace hincapié, «corresponde a Igualdad, que es la que efectúa la contratación».

"La Administración lo sabe"

Otra magistrada consultada confirma que estas pulseras «llevan un año o incluso más dando problemas», hasta el punto de que en algún caso ha tenido que «cambiar tres o cuatro veces» el dispositivo porque «no estaba funcionando». Técnicamente, explica, están dando «problemas serios» y «la Administración lo sabe». En ocasiones, asegura, al investigado y a la víctima les suena el dispositivo aunque están cada uno en su casa, separados por más distancia que la fijada.

Todas estas localizaciones erróneas, afirma, generan «miedo, inseguridad y ansiedad» en las víctimas de violencia de género. «Imagínese el mal rato que le genera a la víctima que le suene el dispositivo a las tres de la madrugada. Es una inquietud constante», añade. De hecho, mantiene, algunas de ellas «rechazan este sistema», que está «para protegerlas» y no para generarles «más ansiedad». «Menos mal que tenemos a las Fuerzas de Seguridad», apuntan, porque ante cualquier incidencia «ellas llaman a sus agentes de protección, que son sus ángeles de la guarda».

«Si considero que procede las voy a seguir colocando», apuntan las fuentes consultadas al frente de juzgados de violencia de género, «aunque es verdad que piensas “espero que funcione”».

En todo caso, matiza que esta medida se aplica «en casos graves» en los que se aprecia una situación de riesgo que, sin embargo, no es suficiente para acordar la prisión provisional. «Supone una geolocalización 24/7 los 365 días del año», recalca, «lo que supone una injerencia de derechos fundamentales para ambos».

Y a pesar de la carga de trabajo que suponen para los jueces y los agentes esas incidencias, advierten de que «lo grave no es que los jueces y las Fuerzas de Seguridad tengamos que trabajar más, sino que se ponga en riesgo la situación personal de las víctimas».