La delicada situación que atraviesan las personas que pernoctan en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas no es ninguna novedad. Desde hace años, las instalaciones aeroportuarias se han convertido en un albergue improvisado donde aquellos sin recursos deciden, al menos, hacer noche para poder dormir bajo techo.

Sin embargo, parece que la problemática ha vuelto a la primera línea política, después de que hace aproximadamente una semana, el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) denunciase ante la Comunidad de Madrid la existencia de "una plaga de insectos" en la T4 y difundiese imágenes de unas picaduras sufridas por varios trabajadores en las instalaciones aeroportuarias. Una plaga que ya ha sido desmentida por una empresa especializada en el control de plagas y la higiene ambiental, y que ha apuntado que las picaduras se deben a "un episodio puntual con un origen indeterminado".

A ello se suma el dilema entre las administraciones sobre quién debe dar solución y gestionar el asilo de los alrededor de los 500 'sinhogar' que habitualmente pernoctan en el aeropuerto: ¿AENA, el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid...? Entre los reproches y las acusaciones entre los distintos organismos, esto es lo que dicta la ley.

¿A quién le corresponden las competencias de los sinhogar del aeropuerto de Barajas?

Lo cierto es que la responsabilidad de las personas sin hogar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recae sobre varias administraciones públicas, y no únicamente sobre una, por lo que se trata de una responsabilidad compartida.

Según el Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde en primer término a los ayuntamientos la atención a personas en situación de vulnerabilidad, estableciendo así que los municipios deben prestar servicios relacionados con la "evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

Además, según el Artículo 148.1.20-21 de la Constitución Española, le corresponde también a las Comunidades Autónomas diseñar y corrdinar las políticas públicas en materia de "asistencia social" y "sanidad e higiene", por lo que su papel es fundamental en la financiación y planificación de recursos de inserción, salud mental, vivienda y atención a colectivos vulnerables.

Sin embargo, el Gobierno de España también tiene responsabilidad en la materia, pues le corresponde a la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior, como cuerpo competente en el ámbito aeroportuario, la actuación en la identificación de personas en situación de vulnerabilidad y, tras ello, la activación de los servicios sociales correspondientes.

Ello mientras AENA, por su parte, carece de competencias legales en materia de servicios sociales, aunque colabora de manera operativa en el acceso de los servicios sociales al recinto, además de trabajar conjuntamente con los Cuerpos de Seguridad del Estado cuando la situación lo requiera.

Por todo ello, la responsabilidad para solucionar dicha situación es compartida, recayendo así en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid y en el propio Gobierno de España, a través de los diferentes ministerios, principalmente el de Interior y Transportes y Agenda Urbana, dependientes de Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, respectivamente.

El perfil de los 'sinhogar' del aeropuerto

Durante la última semana de marzo y las dos primeras de abril, una entidad vinculada a Cáritas realizó un censo de los 'sinhogar' que habitan asiduamente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. El documento recogió que, entre las cuatro terminales, pernoctan más de 400 personas, de las que el 78% son hombres (más de la mitad con edades comprendidas entre los 45 y 64 años).

Por su parte, el documento constata que la gran parte de ellos son personas vulnerables, que en algunos casos padecen problemas de salud mental, y que no tienen trabajo ni acceso a plazas en los albergues habilitados.

Además, el 52% de ellos están empadronados en Madrid, mientras que el 38% están trabajando, pero el dinero que perciben no es suficiente para poder costearse un alojamiento en la capital madrileña, por lo que ponen el foco en un "problema habitacional".