Rajoy cifra en 20.000 millones el ahorro por la digitalización de la Administración

El Gobierno sigue sacando pecho por los resultados de su reforma de la Administración Pública. Hoy, en un solemne acto en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que el uso generalizado de la administración electrónica ha permitido un ahorro de 20.000 millones de euros. En 2014, por esta vía se ejecutaron hasta el 95,7 por ciento de los trámites de las empresas y el 65 por ciento de los realizados por los ciudadanos. En la Administración General del Estado el 99 por ciento de las gestiones pueden ser ya telemáticas. En este balance de la implantación de las medidas incluidas en la Comisión de Reforma de las Admiistraciones Públicas (CORA) Rajoy estuvo acompañado por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Rafael Català, Cristóbal Montoro, Fátima Báñez y José Manuel Soria.

En su discurso el presidente explicó que las mejoras en la digitalización administrativa han permitido que España haya pasado del puesto decimoquinto al quinto del ránking europeo en la encuesta sobre Administración Electrónica que elabora la ONU. "Ésta es una apuesta que no tiene vuelta atrás. Y está permitiendo no sólo mejorar la calidad de la relación de la administración con los ciudadanos, sino también aumentar la competitividad de España», sentenció.

Rajoy aprovechó para recordar las cifras de creación de empleo del pasado año, distinguiendo entre los empleos del sector privado (415.000) y los del sector público (18.000). Estos datos evidencian, según resaltó, un modelo de crecimiento intenso de puestos de trabajo en el sector privado, mientras que en la administración pública sólo se realizan las incorporaciones necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad sin aumentar el aparato administrativo.

En el acto también intervino el subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, quien detalló que en 2014 ya hubo 47 millones de notificaciones electrónicas. Por otra parte, el Gobierno ha decidido fijar el 2 de enero y el 1 de julio como fechas clave para el obligado cumplimiento de normas que afectan a empresas y ciudadanos, lo que les facilitará no tener que estar pendientes durante todo el tiempo del Boletín Oficial del Estado (BOE). Así se recogerá en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común que el Consejo de Ministros aprobará en breves fechas, según avanzó Pérez Renovales. «Con el objetivo de dar más certidumbre al ordenamiento jurídico, aquellas normas que impongan obligaciones a los ciudadanos y las empresas entrarán en vigor en dos meses, el 2 de enero y el 1 de julio», explicó.